Los vecinos de San Juan del Puerto Rubén García y su hermano José Ángel intentaron el pasado lunes ver y abrazar a la hija de Rubén, la pequeña Gabriela, después de que su madre se la llevara a Perú el pasado mes de febrero sin el consentimiento de su padre. Allí pudieron comprobar que la madre de la niña ha desobedecido el mandato judicial que establecía un régimen de visitas del progenitor a la menor, ya que ésta no se encontraba en el domicilio señalado para el encuentro.

Así, la semana pasada la autoridad judicial fijó como medidas cautelares un régimen de visitas del padre a su hija hasta el 25 de octubre de 15:00 a 18:00 en el domicilio que la madre había dado al juzgado, sin que el lunes fuera posible que los onubenses vieran a la pequeña, según contó José Ángel García a Huelva Información.

En el lugar donde debía producirse la visita se encontraron a la hermana de la madre que, en presencia de la asistenta social que acompañaba a los españoles, llamó por teléfono a la madre de la menor, la cual habló vía telefónica con la asistenta para decirle que no estaba disponible, sin dar más razón sobre la niña, tal y como explicó el tío de la pequeña.

De todo ello tomó nota dicha asistenta que comunicará al juzgado la ausencia de la menor en el horario establecido para verla, así como las condiciones nada favorables del barrio donde la madre dice que tiene a la niña, en el que la salubridad y la seguridad están comprometidas, según señaló el tío de la pequeña.

Mientras tanto, los dos españoles quisieron quemar el último cartucho para volver a verla y en la tarde de ayer se dispusieron a acudir de nuevo a la zona acompañados de la misma asistenta social, así como de un guardaespaldas privado para garantizar su seguridad, ya que acuden con miedo al barrio donde vive la pequeña, hecho que también preocupa a Rubén y a su hermano. Se trata de la última oportunidad en este viaje antes de volver a España de poder ver la pequeña tras ocho meses de calvario sin saber cómo se encuentra, sin que al cierre de esta edición se haya producido la visita.

Asimismo, el cónsul español en Lima, Víctor Murcia, mostró su disgusto a raíz de los últimos acontecimientos y está trabajando para llevar el caso a instancias del Ministerio de Justicia de España, tras las supuestas irregularidades que se aprecian en el asunto.

Igualmente, el abogado de los españoles está pendiente de entregar un recurso de apelación ante la Corte Superior de Justicia de Lima para denunciar las presuntas irregularidades que se han producido en la segunda anulación del juicio –el pasado lunes– al dar por válidos los argumentos de la madre, en los que ésta esgrimía que no se enteró de las notificaciones judiciales porque no estaba empadronada en el domicilio en el que lo está su hija, donde decía que sí vive, motivo por el que no pudo responder a los requerimientos judiciales.

Estos argumentos son distintos de los que arguyó la primera vez que acudió al Juzgado, el 11 de octubre, cuando dijo que no se enteró porque no vivía en el domicilio que constaba en el juzgado y se enteró de la cita por redes sociales.