Rubén García ha denunciado ante la Guardia Civil lo que considera el secuestro de la hija de ambos por parte de su expareja, después de que ésta viajara a Perú, su país de origen, con la pequeña sin su consentimiento. García denuncia también que el regreso de su expareja al país sudamericano con la menor, ha sido posible porque el Consulado de Perú facilitó un salvoconducto a la madre y su hija para volar a Lima.

Según relata Rubén García, él, su expareja y la niña viajaron el pasado mes de diciembre a España con la intención de quedarse y establecerse, por lo que decidieron empadronarse los tres en San Juan del Puerto e inscribieron a la pequeña en una guardería para escolarizarla en la localidad.

Un mes y medio después, el denunciante decidió regresar a Perú para cerrar sus cuentas bancarias y entregar su carné de extranjería, así como para cesar en su puesto de trabajo. Una vez en Perú, el progenitor tuvo constancia, asegura, de que la hasta entonces compañera sentimental le había “robado” una suma de dinero de entre 30.000 y 50.000 dólares, así como que pertenecía a una banda organizada en Lima, que ofrecían micropréstamos y que extorsionaba a los clientes si no devolvían el dinero.

Según continúa relatando Rubén García, un vez que regresó a España decidió interponer una denuncia por violencia doméstica contra su expareja, mientras que ésta presentó otra por violencia de género contra él. Al mismo tiempo, ella “solicitó las ayudas pertinentes del Estado español, pensión alimenticia, casa de acogida y abandonar el domicilio con su hija”, sin que pudiera hacer nada por evitarlo, ya que tuvo que pasar una noche en el calabozo a causa de la denuncia.

El padre de la menor solicita que se active el protocolo de La Haya sobre sustracciones internacionales

A la mañana siguiente, añade, la jueza optó por archivar la denuncia contra García, si bien no le facilitaron detalles sobre cómo contactar con su hija para poder verla, así como para establecer un régimen de visitas. Todo esto ante la posibilidad de que la madre pudiera irse a Perú con la pequeña.

García afirma que tras hacer una consulta a la Policía, los agentes intentaron tranquilizarle al asegurar que madre e hija no podrían salir de España porque sus pasaportes los tenía él y, además, sin su consentimiento no podrían obtener otro y por lo tanto no podían tomar ningún vuelo al extranjero.

El denunciante prosigue que durante al menos diez días fue a ver a los agentes policiales para saber el paradero de su hija y que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional siempre le reiteraron que sin los pasaportes no podían irse.

Rubén García explica que después de interponer la denuncia por lo que considera un secuestro, recibió un whatsapp de la madre de la niña, en tono chulesco, en el que le comunicaba que estaban en Perú y que si quería enviarle dinero para la niña le facilitara un número de cuenta bancaria.

García asegura que advirtió a las autoridades españolas del peligro de fuga

Asombrado y al “no dar crédito” a lo que había leído, se trasladó al Consulado de Perú en Sevilla para saber si tenían constancia del posible regreso de la súbdita peruana y su hija al país andino. Lo hizo, indica, ante la falta de información por parte de los agentes policiales españoles.

Allí le comunicaron que habían facilitado un salvoconducto a la niña y a la madre para volar a Lima. García dice que solicitó explicaciones por haberse emitido el permiso para una menor sin el consentimiento de su padre.

El denunciante sostiene que el Consulado podría haber incurrido en un delito de falsificación de documento oficial, ya que solo se emiten autorizaciones de este tipo en caso de emergencia, es decir, si la persona está en peligro por orden o sentencia judicial (lo que no es el caso de su expareja) después del sobreseimiento y la denegación de medidas cautelares.

García manifiesta que pasa un auténtico calvario después de haber sido detenido “injustamente”, de la interposición de denuncias y del aviso reiterado a la Policía sobre el riesgo de fuga, lo que ha propiciado la fuga y el secuestro de su hija. El denunciante dice sentirse ahora desamparado y sin la ayuda del Gobierno español, a pesar de ser la auténtica víctima.

Su abogado ha presentado un escrito para que se active el protocolo de La Haya sobre sustracción internacional de menores para que esta mujer pueda ser detenida, además de solicitar al Juzgado de Familia la custodia de la niña.