La Asociación de Marineros y Armadores del puerto pesquero de El Rompido ha trasladado al director de la Agencia de Puertos de Andalucía (APPA), José Salgueiro, la grave situación que soporta el banco de especies marinas de la ría del Piedras debido a la saturación de la náutica de recreo. El encuentro fue posible gracias a la mediación del parlamentario de IU por Huelva, Diego Valderas, quien mantuvo una reunión previa en plena calle con los pescadores tras encontrarse cerrado el Centro Social de la localidad el día que se iba a debatir la situación del caladero, uno de los más importantes de Europa para el mantenimiento de la biodiversidad marina, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Educación (FAO). A la reunión asistieron, además, los concejales de IU en Cartaya.

La entrevista entre Salgueiro y los marineros sirve para que ambas partes intenten consensuar los distintos proyectos para remodelar, ampliar y mejorar las instalaciones del puerto de El Rompido dentro del nuevo Plan de Usos Portuarios de la Ría del Piedras.

El portavoz de los pescadores, Cándido Burgos, advirtió a la APPA que "no se sienten representados por el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, en las conversaciones y negociaciones que se hayan podido llevar a cabo con esa agencia sobre el Plan de Usos Portuarios, así como las que se lleven a cabo en un futuro sobre la materialización de ese documento".

Los marineros reclaman el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la APPA para declarar zona de uso pesquero la parte del río situada frente al casco urbano de El Rompido, así como para garantizar el espacio suficiente en tierra para las labores relacionadas con la pesca. El sector pide también que el muelle pesquero tenga las condiciones y dimensiones necesarias para trabajar con seguridad.

Una de las coincidencias entre IU y los pescadores es la solicitud de un estudio sobre la capacidad que tiene el río de albergar embarcaciones sin que ello perjudique al ecosistema y a los recursos pesqueros, cada vez más escasos en la zona, un criadero natural de especies que desovan en las marismas y caños del Piedras para luego repoblar el Golfo de Cádiz.

El Plan de Usos de la Ría del Piedras contempla 2.500 atraques en la zona y una inversión, incluida la aportación de la iniciativa privada, de 30 millones de euros.

Marineros y armadores subrayaron a la APPA su preocupación por el riesgo que "corren la actividad y los recursos pesqueros debido a la presión urbanística que soporta el río Piedras y la presencia masiva de embarcaciones de recreo".

IU y los marineros creen que "el Plan del Piedras se elabora no para proteger el Paraje Natural y el río, sino para satisfacer a los promotores inmobiliarios, con el apoyo del Gobierno municipal cartayero".

La Asociación de Marineros protestó por la "marginación de la que ha sido objeto por parte de la Junta y el Ayuntamiento de Cartaya en el proceso de elaboración del Plan de Usos del Piedras". Desde el sector se afirma que el proyecto millonario solamente ha sido consensuado con algunos directivos de clubes náuticos, dejando fuera a las voces críticas con el plan, como las asociaciones de vecinos y las organizaciones ecologistas.

El coordinador de IU, Diego Valderas, llevará al Parlamento las reivindicaciones de los pescadores para que la actividad pesquera se mantenga. Desde la coalición se pedirán comparecencias o encuentros con las consejeras de Obras Públicas, Medio Ambiente y Agricultura y Pesca, Rosa Aguilar, Cinta Castillo y Clara Aguilera, respectivamente, para exponerles la situación.

La intención de los pescadores es conseguir la realización de un estudio de impacto ambiental sobre la presencia de embarcaciones en el río y sus efectos en la reproducción de especies marinas que desovan en ese lugar y nutren el Golfo de Cádiz. El trabajo de campo deberá determinar cuántos barcos puede soportar el río. Este estudio previo no se ha realizado a la hora de redactar el ambicioso Plan de Usos de la Ría del Piedras.

Valderas se comprometió con los marineros y pescadores en llevar hasta el Parlamento Europeo las reivindicaciones de los afectados al tratarse de una zona protegida por la normativa comunitaria a través del Paraje Natural de la Flecha del Rompido y Marismas del Piedras.