Cuando se cumple una semana de la composición del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía para esta legislatura y cuando todavía quedan por confirmarse los segundos y terceros niveles, al igual que la estructura provincial que previsiblemente irán despejando sus incógnitas a lo largo de los próximos días, la continuidad que se busca con la labor del ejecutivo autonómico debe confirmarse con una serie de compromisos con la provincia que, bien quedaron en suspenso con la convocatoria electoral, o los responsables de llevarlas a cabo han cambiado de destino, o se han creado nuevos departamentos con nuevas competencias. Sea como fuere, la reivindicación de mayor implicación con la provincia de Huelva por parte de las administraciones debe plasmarse en pasos concretos. Las grandes infraestructuras dependen en buena medida de la disposición de un Gobierno central que, independientemente de quien lo ocupe, ha mostrado poca en solucionar eso que se ha llamado el déficit histórico en inversiones que padece Huelva. Con la Junta también hay proyectos que poner en marcha.

El primero de ellos supone una de las asignaturas pendientes desde hace muchos años. El consejero de Salud, Jesús Aguirre le ha dejado el proyecto de instalación del hospital materno infantil en manos de su sucesora, Catalina García. Ha sido la gran decepción de las medidas del anterior Gobierno de Juanma Moreno con la provincia. El pasado 8 de marzo, cuando el Consejo de Gobierno se reunía en el Monasterio de La Rábida, el presidente anunciaba ante la ausencia por Covid del consejero de Salud, que el hospital materno infantil no iba a tener un edificio propio, sino que se iba a ubicar en las actuales dependencias de Consultas Externas del Juan Ramón Jiménez, lo que obligaría a esperar al traslado de las mismas.

Con un proyecto encima de la mesa, ya diseñado, la Junta opta por un cambio de rumbo que dejaría a Huelva como la única provincia en no disponer de unas instalaciones propias. Colectivos sanitarios y partidos políticos salieron en tromba a defender una modificación en el proyecto que electoralmente no tuvo repercusión alguna.

El materno infantil tenía hasta diseñado su proyecto definitivo.

Habrá que conocer la disposición de la nueva titular de la cartera sanitaria en corregir un plan que ahonda en la discriminación en inversiones e infraestructuras que sostienen todos los colectivos sociales y económicos provinciales, aunque dado que Catalina García ha sido durante la última legislatura la mano derecha de Jesús Aguirre, no parece, en principio que pueda llegar a replantearse la necesidad de disponer de unas instalaciones independientes para el materno-infantil.

Probablemente ninguna Proposición de Ley en la historia reciente haya dado tanto que hablar como la de regularización de regadíos en el entorno de Doñana, el Plan de la Corona Norte. Ante el temor de las sanciones por parte de las autoridades europeas y nacionales, los partidos que conformaban el Gobierno autonómico, presentaban cada uno la suya por no comprometer la posición del ejecutivo como tal. Enfrente un PSOE abonado a tibieza que temía perder apoyo electoral en el Condado y optaba por una posición poco definida que el nuevo rumbo propuesto por su secretario general, Juan Espadas, parece haber corregido e inclinado hacia una oposición más contundente.

Será la almeriense Carmen Crespo que asume además de las competencias de Agricultura, las de Desarrollo Rural y las de Agua, la encargada de gestionar una propuesta que retorna al punto de salida. La convocatoria electoral y la disolución del Parlamento andaluz, obligan al replanteamiento total del Plan de la Corona Norte con todo el trámite administrativo que lleva aparejado, desde la toma en consideración, hasta la aprobación definitiva.

La mayoría absoluta que dispone el nuevo Ejecutivo también puede alterar el contenido del Plan, toda vez que ya no necesita el apoyo de ninguno de ellos para sacarlo adelante, aunque habrá que ver cómo encaja con la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que dirige el otro almeriense del Consejo de Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, ya que pocos ponen en duda que el acuífero de Doñana no está para mayores esfuerzos. También será más que necesario clarificar , por ejemplo, el número de hectáreas afectadas que cuando se presentó el Plan anterior, oscilaba entre las 600 y las 1.400.

El Plan de la Corona Norte quedó pendiente en la pasada legislatura.

Sin salir de las competencias hídricas que asume Crespo, las recientes restricciones de agua en varios municipios de la Sierra onubense, ponen el acento en la urgencia de completar el anillo hídrico en todas sus fases. Una provincia que no tiene falta de agua, no puede soportar que en algunos municipios no llegue más por falta de inversión en infraestructuras que por ausencia de lluvias. La primera fase está anunciada para los próximos días; el resto no debe esperar más.

Arturo Bernal conoció que iba a ser consejero de Turismo, Cultura y Deporte mientras participaba como delegado de Extenda en un encuentro en el Puerto de Huelva. Fue el responsable de la demora de más de hora y media del presidente de la Junta por dar a conocer la composición de su nuevo Gobierno. En su responsabilidad recaerá otro de los proyectos eternos que se presentan, se arrinconan, se modifican y no llegan por más años que pasen.

El edificio del Banco de España albergará un museo y todo hace prever que será el de Bellas Artes, a pesar de que durante años el candidato fue el Arqueológico. La necesidad de preservar los restos encontrados en la rehabilitación del solar, hace que los fondos que se preveían destinar al mismo no entren en el espacio disponible. Por ello, la anterior consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo, se dejó la conclusión de los planes museísticos en coordinación con el Ministerio de Cultura para la definición de otro proyecto que lleva camino de eternizarse.

Del Pozo será, como responsable de Desarrollo educativo y Formación Profesional, la encargada de inaugurar dos de las obras de su nuevo departamento. La reforma integral del Instituto de Educación Secundaría La Rábida, deben finalizar sobre el mes de noviembre de este mismo año y entrar en funcionamiento de inmediato, toda vez que tiene disponible su propio claustro de profesores. El Colegio del Ensanche tiene una fecha más indeterminada. Aunque las obras terminen en plazo, no se prevé que sea hasta el próximo curso escolar cuando esté plenamente operativo y ponga fin a una de las necesidades más perentorias de la comunidad educativa, como es la de disponer de un nuevo colegio público en el centro de la capital onubense, huérfana de ellos.

El destino del Banco de España como museo debe aclararse en esta legislatura.

Sobre el delegado de Justicia, José Antonio Nieto, recaerá la tarea de terminar con la acumulación de casos en algunos de los juzgados provinciales (especialmente en Ayamonte que ha abierto uno nuevo hace poco) y recuperar el proyecto de Ciudad de la Justicia.

La renovada Marifrán Carazo, a pesar de no tener competencias en suelo onubense, tiene en cartera relanzar el proyecto de urbanización del área logística de Majarabique que deberá impulsar el desarrollo del Puerto de Huelva y el nodo que gestiona desde hace cinco años en dicho lugar.

Carolina España debe culminar la parte que dejó encarrilada el consejero Rogelio Velasco en lo que respecta a su participación en el Centro de Vuelos no Tripulados (CEUS) en Moguer. José Carlos Gómez Villamandos, al mando de universidades, tiene como objetivo resolver los problemas de financiación criticados por la Onubense en la pasada legislatura.

La representación onubense en el nuevo Gobierno, Loles López, tiene entre sus atribuciones continuar con el desarrollo de la Ley de Dependencia y la agilización de las listas de espera para recibirlas, así como establecer los nuevos criterios del Ejecutivo en materia de Igualdad, ahora que la incluye entre sus competencias.

El consejero de Industria y Energía en su juramento.