Ana se queja de que apenas duerme. Su madre, enferma y postrada en la cama desde hace años, pasa las noches llamándola para que le dé algún analgésico. María no puede disfrutar de su jubilación porque debe cuidar a su tía soltera. Sus hijos le riñen por ello, pero siempre contesta que "no tiene más remedio". Antonia acaba de dejar su trabajo como dependienta en la frutería del barrio porque su marido, muy enfermo, la necesita constantemente. Pepi, que siempre ha presumido de no necesitar a nadie, es mayor, vive sola y tiene serios problemas para ducharse. No tiene hijas, no quiere pedirle ayuda a sus nueras y no sabe cómo resolverlo…

Miren a su alrededor y analicen… ¿Se dan cuenta? Son mujeres tan bien educadas en la cultura de "cosa de mujeres", que apenas entienden que existan otras alternativas, otros modos de vida, como si se tratase de una cuestión genéticamente heredada. De ahí que en pleno siglo XXI, la mayoría de mujeres tienen claro que no será el hijo varón quien las cuide en el futuro. En esta cultura, afianzada y arraigada en la tradición mediterránea, gracias en parte a la colaboración del varón, son las mujeres las que "deben" atender a los familiares que necesitan ayuda. Se trata de una obligación adjudicada a los más débiles, una injusticia tan asumida que ni se cuestiona ni se debate.

En este contexto, en 2006, el equipo de Zapatero, entonces presidente de Gobierno, sensible a la sinrazón de atribuir papeles asistenciales a la mujer por el sólo hecho de serlo, decide ordenar y legislar las necesarias instrucciones para hacer justicia con las personas que carecen de autonomía para sobrevivir y las que las cuidan. Fue así como surgió la conocida como "Ley de Dependencia", con seguridad una de las leyes más justas y necesarias de todas las reguladas durante la democracia.

Casi quince años después, comprobar que el sistema está estrangulado, que son casi 11.000 los andaluces que han muerto en el 2020 esperando que se resolviese la ayuda estipulada, se convierte en un paso atrás de gigante en la consecución de la justicia social. Y no, este drama no se va a resolver con un asistente virtual que valore el grado de dependencia de la persona solicitante como pretende la Consejería de Igualdad, ni es razonable culpar solamente al Covid de esta situación. Abandonar a las personas dependientes es un paso más hacia la revalidación de que Andalucía está alejándose del espíritu de la Ley de Dependencia que tantas expectativas creó.