Un total de 68 monitoras de Educación Especial (Ptis) de la provincia de Huelva, pertenecientes a la empresa SAMU, mantendrán su empleo, después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya aprobado un decreto que facilita que las empresas puedan seguir pagando los gastos de personal y los salarios durante el cierre por el Covid-19.

La delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Estela Villalba ha asegurado que “la entidad, que emplea en toda la comunidad a casi 800 personas, el 90%, mujeres, ha decidido parar el ERTE que tenía en marcha para acogerse a un acuerdo con la Consejería por el que la administración sigue pagando los servicios, pese a que no se presten, mientras dure la suspensión de clases presenciales”.

Según Villalba, de esta forma, “se mantienen los puestos de trabajo y sueldos de las educadoras; una excelente noticia que demuestra el enorme esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía para estar al lado de los más vulnerables en esta situación insólita”. La delegada de Educación anima a otras empresas del sector a que se acojan a esta ayuda y recuerda que hay un requisito indispensable: “mantener los empleos”.

Los trabajadores de esta empresa se dedican a ayudar a los niños y niñas con necesidades especiales, facilitando su inclusión en el aula y ayudando en el desarrollo de su autonomía personal. En este sentido, la delegada reitera que una de las principales líneas de actuación de la Consejería se centra en la mejora de las condicionales laborales de este sector y en el incremento presupuestario destinado al refuerzo de personal de integración. En este curso, según Villalba, los presupuestos de Educación Especial han superado por primera vez en los 400 millones de euros, son 77 millones más respecto a los aprobados por el anterior ejecutivo en 2018”.

Por último, la responsable de Educación en Huelva recuerda “la determinación del Gobierno Andaluz para tomar las medidas necesarias para proteger el empleo en una situación tan compleja, con una repercusión especial en el ámbito educativo, donde las empresas podrán seguir afrontando los gastos de personal, incluyendo los pagos de los salarios a más de 30.000 trabajadores mientras dure el estado de alarma”. “Esa fue la voluntad de la Junta de Andalucía desde el primer momento con el decreto del 16 de marzo y posteriormente con el del 1 de abril, que da claridad y seguridad jurídica por el marco establecido a posteriori por el Gobierno estatal”, concluye Villalba.