"El tiempo tiene una importancia relativa, lo importante es resolver el problema con el menor impacto sobre los trabajadores y el territorio". Quien así hablaba ayer es el director general de Industria, Jesús Candil, pronunciándose sobre un tema que no aparecía en ningún orden del día pero que no podía faltar a una Cumbre de la Industria en Huelva y en este momento: Fertiberia. Y haciéndolo, por cierto, sin referirse en ningún momento a la fecha recomendada, por la Dirección General de Costas (2011) y sí en el mismo sentido que aquellos que reclaman tiempo suficiente (2012) para el final de los vertidos de fosfoyesos. Eso sí, acababa remitiendo al Ministerio de Medio Ambiente, que es "quien tiene las competencias".

Los problemas de la industria química española se pueden aplicar a la provincia, por supuesto, pero ésta tiene sus polémicas particulares que no fueron ajenas a las conversaciones de los asistentes al encuentro, problemas laborales en su mayoría. Fertiberia fue uno de ellos, quizás el más comentado. A su situación hizo referencia el presidente de la AIQB, Gerardo Rojas, en su discurso ante los alrededor de cien asistentes al encuentro programado para poner de relieve la fuerza del sector industrial. Rojas recordó que el cese de la actividad supondrá un "serio quebranto" y abogó por el mantenimiento de la actividad el tiempo necesario para realizar una buena gestión medioambiental y del empleo. La misma petición que hicieron los sindicatos, con UGT pidiendo una entrevista con el nuevo responsable del Ministerio y Comisiones esperando que la Cumbre sirva "como acicate para avanzar hacia una solución".

Desde la AIQB se aseguraba antes del encuentro que la Cumbre no estaba pensada para ello, pero los implicados no dejaron escapar la oportunidad de hablar de la situación de la industria en Huelva, esperando que Nilefos encuentre una salida a su situación de indefinición (sus representantes asistieron al encuentro que aglutinó a lo más granado de la industria) o deseando una rápida resolución del conflicto del sector del metal, que según señaló Rojas está afectando, y mucho, a las industrias en sus labores de mantenimiento y montaje.

Pero las conversaciones y ponencias fueron más allá del estado actual de estos problemas. La situación industrial en Huelva pasa por las fuertes críticas que llegan de determinados sectores y la ya famosa inseguridad jurídica que alegan las empresas. Sobre ella hubo explicaciones: las inversiones no llegan en un contexto de judicialización y polémica sobre el que no se conoce ni el resultado final ni la fecha en la que éste se producirá. Y también referencias en lo que fue una crítica más amplia a las declaraciones que se suceden por parte de colectivos ecologistas en la provincia; según Gerardo Rojas "no faltan los sobresaltos generados por lo que desde nuestro punto de vista son apreciaciones subjetivas que alteran la percepción de lo que somos y de lo que hacemos y nos sitúan en una dinámica absurda de tensiones alimentadas desde planteamientos falsos e irracionales, reforzados a veces con la falta de respuesta o la tibieza de quienes pueden cooperar a incrementar la seguridad jurídica y la estabilidad de un sector esencial".

Tras esta parrafada, llegaba la defensa a los frentes abiertos en los últimos meses, con denuncias de Greenpeace ante la Comisión Europea, un informe sobre la radiactividad de los fosfoyesos y las cenizas de Acerinox y sobre todo las declaraciones de la Mesa de la Ría sobre los daños de la actividad industrial. La AIQB no acostumbra a responder a estas críticas, pero ayer aprovechó el momento para asegurar que este tipo de cuestiones hacen daño a la provincia, puesto que "perjudica al turismo empeñarse en transmitir una imagen apocalíptica que llega incluso a programas de televisiones de otros países que tradicionalmente nos mandan visitantes a nuestras costas", o perjudica a la agricultura que "una televisión de un país vecino del Norte aparezca un reportaje que relaciona de forma artificiosa los cultivos de fresa y las chimeneas". Más allá fue el secretario general de la Federación de Industrias Afines de UGT, Antonio Deusa, al asegurar que "la presión medioambiental encubre presiones urbanísticas" e instar a que "se quite la careta quien se la tiene que quitar". "Espero que quienes tienen que reaccionar para acabar con esto lo hagan pronto, porque si se demoran mucho, a lo mejor es demasiado tarde", apostilló Rojas, quien recordó que "nuestra reacción se inició hace muchos años y se constata día a día con el cumplimiento de la legislación".