Un ex concejal de IU en Almonte aparece como 'intruso' en el ERE de Egmasa

La prejubilación de Antonio García Márquez, ex concejal de IU-CA en el Ayuntamiento de Almonte y miembro de CCOO, figura entre los 33 nuevos casos detectados en la investigación interna seguida por la Junta de Andalucía sobre supuestas irregularidades en expedientes de regulación de empleo, según indicaron a Europa Press fuentes de la investigación.

García Márquez habría sido prejubilado en la Empresa Pública de Gestión Medio Ambiental Egmasa presuntamente de forma irregular, tras un despido declarado improcedente, según adelantó ayer la Cadena Ser y han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El caso del ex concejal de izquierdas salta el mismo día en el que el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, se comprometió ayer en Riotinto a "perseguir hasta e l último céntimo que haya podido ser mal utilizado" en los expedientes de regulación de empleo que investiga la Justicia y que han puesto en la picota a su departamento y a la política de subvenciones a empresas y trabajadores de la Junta de Andalucía. Recio dijo que no puede garantizar ni descartar que en el expediente de la mina de Riotinto y de la Faja Pirítica "aparezcan intrusos" -jubilados que nunca trabajaron en las minas, pero que cobran del erario público-, pero cree que no se puede generalizar esta situación en la que se han detectado 70 presuntas inclusiones o discordancias e irregularidades entre más de 1.500 expedientes. "Con carácter general, no hay irregularidades, ya que se trata de la excepción y no de la norma", concretó.

Los ERE en la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla beneficiaron a unos 1.500 trabajadores de Riotinto, Almagrera, Tharsis y Aznalcóllar y consumieron unos 180 millones de euros (30.000 millones de pesetas de entonces). Se firmaron en 2002 y se cerró el cómputo de cálculo de las prejubilaciones el 31 de diciembre de 2003. El acuerdo fue pactado entre el PSOE, que gobernaba la Junta, y el PP, que encabezaba el Gobierno.

A pesar de las dudas existentes sobre los planes de jubilaciones, el consejero andaluz aseguró que la Junta "seguirá con la política sociolaboral que ha venido practicando hasta ahora en una de las comarcas más deprimidas de la provincia de Huelva". "Casos como estos no pueden poner en duda el enorme beneficio social que han supuesto para cientos de familias de esta comarca", dijo el titular de Empleo.

El consejero aprovechó su visita a un taller de empleo en Riotinto para lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la Cuenca y sobre todo a los extrabajadores de las minas en situación de prejubilados, que se sienten en el centro del huracán de la polémica surgida y también bajo la lupa de la Justicia, que revisa los listados para que no proliferen las discordancias encontradas y que día tras día salen a la luz, arrojando un mar de dudas sobre los fondos para prejubilaciones.

Precisamente, en su intervención parlamentaria del pasado jueves, Manuel Recio confirmó que algunas irregularidades detectadas en los ERE continuaron tras la salida del director general que destapó el asunto, Javier Guerrero, en abril de 2008, según señaló El País, poniendo así la mirilla en el sucesor, el onubense Juan Márquez, que estuvo en el cargo hasta 2010.

El consejero dejó claro en la Cuenca Minera que no se realizará una comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz debido a que ya ha solicitado una comisión parlamentaria de Empleo para la semana que viene, donde los distintos grupos podrán seguir preguntando, como ocurrió el pasado jueves, jornada en la que, dijo, "respondió a siete preguntas orales y una interpelación".

En otro de los frentes abiertos, el consejero aclaró que la investigación abierta sobre el posible fraude en la concesión de las ayudas de la Unión Europea (UE) al empleo en Andalucía es "fruto" de una investigación de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo para la cual se ha solicitado colaboración a su Consejería debido a que el departamento colaboraba con el Ministerio de Trabajo "en la gestión y el control" de estas ayudas.

España es el país de la Unión Europea que tiene un mayor número de casos de ayudas públicas pendientes de recuperar, con 15 de un total de 54 expedientes abiertos en toda la UE. Uno de estos casos afecta a los fondos destinados a Minas de Río Tinto cuando entró en crisis a final de la década de los 90 y quedó abocada a un expediente de regulación de empleo.

La Comisión Europea decidió en 2001 abrir una investigación sobre las ayudas concedidas a la compañía minera por parte de la Junta y el Instituto de Crédito Oficial. El Gobierno popular concedió un crédito de 1.000 millones a la empresa minera mientras que la Junta de Andalucía autorizó otra subvención de 1.500 millones de pesetas, lo que hizo un total de 15 millones de euros.

El consejero trasladó las responsabilidades en las ayudas europeas al Ministerio de Trabajo y señaló que los controles se establecían de forma aleatoria, es decir, se elegía un número de empresas que se han visto beneficiadas por esas bonificaciones y en base a esa inspección, de carácter aleatorio, "si se ve algún tipo de infracción se pasa a la petición de devolución de la cuantía que hubiera sido utilizada".

Al mismo tiempo que Recio apuntaba hacia el Ministerio de Trabajo, el portavoz parlamentario, el onubense Mario Jiménez, lo hacía en otra dirección completamente distinta. En declaraciones a Europa Press, el secretario general del PSOE de Huelva aseguró que la Junta de Andalucía "no tiene nada que ver" con la gestión de ayudas concedidas por la Unión Europea (UE) al empleo en la región andaluza, indicando además que lo que investiga la Guardia Civil y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es "el comportamiento de unos empresarios".

En una rueda de prensa, Mario Jiménez incidió en que la Junta "no tiene nada que ver con esta cuestión, ya que se trata de la utilización de unos recursos por parte de unos empresarios". En esta línea, Jiménez aseguró que la gestión de estos fondos "no le corresponde a la Junta, sino que se trata de una responsabilidad mercantil y personal de unas empresas". "Los fondos son vinculados a programas europeos y la utilización de estos recursos les corresponde a los empresarios", espetó el socialista, quien insistió en que la Junta "hace un seguimiento del cumplimiento", refiriéndose al fin de estos fondos, el cual ha permitido conocer, según confirmó Jiménez, "algunas irregularidades como ya pasó en la provincia de Cádiz, donde fue la Junta de Andalucía la que alertó de cuestiones relacionadas con la formación". Jiménez dijo desconocer si sobre esta cuestión concreta de los fondos de la Unión Europea "ha alertado la Junta".

El secretario general del Partido Popular de Huelva, David Toscano, exigió ayer al PSOE que aclare si "hay intrusos relacionados con el PSOE en el Expediente de Regulación de Empleo de la mina de Riotinto". El dirigente popular manifestó que "por culpa de la nula transparencia y la oscura gestión de la Junta de Andalucía se está manchando el honor de los mineros", ya que no se está ofreciendo, por parte de la Administración autonómica ni del PSOE, información sobre los intrusos que pueda haber en este ERE.

Para el secretario general del PP de Huelva, "el único problema del ERE está muy claro: y no es otro que conocer si hay alguna persona afín al PSOE cobrando la prejubilación sin haber trabajado jamás en esta empresa". En este sentido, y dado que el PSOE no da información y no responde de manera clara sobre la supuesta implicación de cargos del PSOE en el ERE de la mina de Riotinto, David Toscano pidió a los dirigentes socialistas que "no utilicen a los mineros para tapar los escándalos y las vergüenzas del PSOE en un asunto que, según Mario Jiménez, era una cuestión de cuatro golfos que ya va por setenta".

Toscano aprovechó la ocasión para reclamar a Recio y a la Junta que "digan cuándo se va a desbloquear la reapertura de la mina" ya que "por culpa del bloqueo de la Junta y el PSOE hay 1.200 puestos de trabajo en el aire".