El 2 de noviembre del 2008 fue noticia en este periódico el descenso de los divorcios en Huelva ante la imposibilidad de los onubenses de poder hacer frente al gasto. Una información que firmaba la por aquel entonces la redactora y posteriormente directora de este periódico, Ana Vives Casa.

'Las rupturas matrimoniales bajan más de un 6% por las dificultades económicas', rezaba el titular. La crisis económica en la que se vio envuelta el país no sólo afectaba a los bolsillos. La inestabilidad y falta de seguridad en el empleo, la subida del Euríbor y las dificultades económicas para afrontar las hipotecas también estaban marcando cambios sociales. Todo ello parecía haber afectado a una tendencia que parecía más que asumida. Hasta entonces, cada año aumentaba el número de matrimonios que decidía divorciarse o separarse. Pero desde 2007, año en que comenzaron a sentirse los primeros síntomas de una profunda crisis, muchas parejas decidieron pensárselo dos veces antes de romper sus vínculos. Y es que las dificultades para pagar la hipoteca, fundamentalmente, estaban uniendo parejas. No en vano, desde 2001 no se había registrado en Huelva un descenso en el número de rupturas matrimoniales. En total, se produjeron 1.516, un 6,48% menos que un año antes, según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los gastos básicos que conllevaba cualquier disolución conyugal en la provincia no superaban los 2.000 euros, según los honorarios que fijaba el Colegio de Abogados de Huelva (1.200 euros para la tramitación de un divorcio o separación de mutuo acuerdo, 1.600 euros si no había acuerdo y 2.000 euros cuando se trataba de una nulidad), si bien a esa cantidad se le iban añadiendo cantidades que iban aumentando en función de los porcentajes que se iban añadiendo a las liquidaciones de bienes y a los pagos acordados en cualquier proceso (pensiones alimenticias o compensatorias, indemnizaciones, convenios reguladores, etc.).

Gastos a los que se debían añadir los de los servicios de los procuradores (unos 150 euros como mínimo), con lo que el coste medio de una ruptura se situaba en nuestra provincia en 5.000 euros, según fuentes del Colegio de Abogados. Una cantidad a tener en cuenta, aunque esa cifra no era la que estaba siendo determinante en el descenso del número de rupturas, sino la dificultad para poder vender un piso (el domicilio conyugal se vendía en el 90% de los casos en los que no existen menores) o hacer frente al pago de otra vivienda (si uno de los dos cónyuges se quedaba con los hijos en el domicilio que se compartía durante el matrimonio, el otro se veía obligado a pagar un alquiler o una nueva hipoteca).