Huelva

La Diputación aprueba la venta de sus acciones en el Aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva

  • El Pleno respalda la salida del accionariado con el único voto en contra de Izquierda Unida

Pleno de la Diputación Provincial que aprueba la venta de las acciones del aeropuerto. Pleno de la Diputación Provincial que aprueba la venta de las acciones del aeropuerto.

Pleno de la Diputación Provincial que aprueba la venta de las acciones del aeropuerto. / Antonio Carrasco (Huelva)

La Diputación de Huelva venderá sus 95 acciones del Aeropuerto Cristóbal Colón a la sociedad Huelva Progreso y Desarrollo, promotora privada que liderará la construcción de la infraestructura. El Pleno provincial ha aprobado por mayoría absoluta y la única negativa de Izquierda Unida la enajenación de las acciones de propiedad pública por 456.769,5 euros, precio nominal de las acciones.

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha defendido el paso como "fundamental" así como ha recordado que la misión de la institución es trabajar para "generar riqueza y empleo para la provincia de Huelva", algo para lo que la construcción del aeropuerto es clave. El único rechazo a la venta lo ha protagonizado el portavoz de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, quien se ha mostrado favorable en el fondo, pero no en la forma al argumentar que con la operación "no se va a recuperar el dinero invertido" porque "el comprador tiene cómodos plazos y no devolverá el último hasta 36 meses después de que se abra el aeropuerto". En este sentido, el portavoz socialista José Fernández le ha replicado que "el dinero está garantizado" al mismo tiempo que ha recordado que "el día que Huelva tenga un aeropuerto todos recordaremos que fue por la iniciativa de esta Diputación". Sobre las garantías de cobro ha explicado que están cubiertas con la pignoración de las acciones. Ruperto Gallardo, no adscrito, y PP han respaldado la venta.

La salida de la Diputación Provincial del accionariado del aeropuerto es un paso indispensable para el desbloqueo del proyecto. Gracias a la venta de las acciones se despejará el camino del proyecto tanto a nivel ministerial en España como ante la Unión Europea. El capital 100% privado favorecerá la tramitación de los permisos oportunos sin más retrasos ni posibilidades de que aparezcan nuevos contratiempos para una resolución favorable.

Como ya informó este diario el pasado 17 de marzo, la normativa de la Unión Europea es determinante en este sentido, por cuanto que las Directivas Comunitarias aplicables considerarían la existencia de ayudas públicas en una sociedad como ésta, participada por una Administración. En este supuesto, el Ministerio de Fomento se vería obligado a informar a la Comisión Europea dentro de su tramitación, por lo que los plazos se dilatarían mucho más, abriendo también la opción a que pudiera ser rechazado en Bruselas

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