La planta de Cementos Cosmos en Niebla ha tenido que renunciar a la exportación de su producto a consecuencia del incremento de los costes energéticos (coque de petróleo), circunstancia que señalan como el elemento principal de la pérdida de competitividad de su producto frente al de las empresas del sector.

El primer movimiento de la empresa ha sido la puesta en marcha de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por un periodo de un año (junio de 2017 a mayo de 2018) que afectará a toda la plantilla adscrita a los servicios de operaciones, producción y mantenimiento. En los dos últimos años el mercado exterior, básicamente África y Sudamérica, permitió mantener la facturación y compensar una endeble demanda interior, puesto que España no ha recuperado los niveles de la construcción anteriores a la crisis económica.

El ERTE afecta a la totalidad de la plantilla desde junio hasta mayo del año 2018

Entre tanto, Votorantim, grupo brasileño que explota la planta, está a la espera de que se practiquen las modificaciones necesarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitan la incorporación de un sistema de dosificación hidráulico que alimente de residuos su actual horno, llevando así a cabo la valorización de residuos no peligrosos. Un trámite al que, a priori, se opone el actual equipo de gobierno.

La empresa mantiene que la valorización de residuos es esencial para mitigar la dependencia energética de los combustibles fósiles. El 38% de los costes de una cementera se destinan íntegramente a alimentar sus hornos, los cuales llegan a alcanzar temperaturas superiores a los 2.000 grados centígrados. El objetivo de la firma brasileña es que el 20% de este combustible provenga de los residuos que remiten los gestores autorizados de residuos, lo que le permitiría rebajar una factura energética que actualmente alcanza los siete millones de euros. Un ahorro que podrían repercutir directamente en el producto, logrando así ganar competitividad en un mercado globalizado, donde otras plantas en Europa valorizan residuos y no soportan tan elevados costes energéticos.

En su día el jefe de Optimización de la planta iliplense, Juan José Ramírez, destacó que cuando constataron la necesidad de valorizar residuos como alternativa a la excesiva dependencia energética de los combustibles fósiles tuvieron sobre la mesa dos opciones: la quema de todo tipo de residuos o sólo aquellos no peligrosos". Sabedores de la "concienciación medioambiental que existe en la zona optamos por la segunda alternativa", donde todos "los estudios de forma empírica demuestran que no existe riesgo para la salud ni para el medio ambiente". No en vano mantienen que la directiva marco europea se ve "reforzada" de tal forma que cuando se queman residuos no sólo se tienen en cuenta los parámetros de combustión, "que ya de por sí se verían reducidos significativamente, si no que fija nuevos límites y les obliga a medir los componentes orgánicos".

Por otra parte, la Unión Europea impulsa la sustitución de los combustibles fósiles como el petróleo por otros alternativos que dan salida y utilidad a los residuos que generan las grandes ciudades.

El principal freno con el que se ha topado el proyecto hasta el momento ha sido la fuerte contestación social que ha encontrado en el municipio. Fruto de ello, en 2007 los máximos responsables de la anterior empresa que gestionaba la planta tuvieron que firmar un documento en el que se comprometían explícitamente a renunciar al proyecto de valorización energética durante los próximos veinte años. Fue una condición sine qua non para que el Ayuntamiento de Niebla le autorizase unas obras de mejora en la planta.

El proyecto para la utilización de otras fuentes energéticas alternativas fue retomado en 2014. Varias manifestaciones escenificaron la postura en contra de la sociedad iliplense. Aun así, la empresa cursó la petición de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la Consejería de Medio Ambiente para la quema de "residuos no peligrosos". El entonces equipo de gobierno socialista jugó a la ambigüedad y confió en que la Administración autonómica desautorizase el proyecto. Finalmente todos tuvieron que retratarse en un Pleno donde, por unanimidad, se reafirmaron en un informe municipal en el que concluye la incompatibilidad de las futuras infraestructuras con el actual planeamiento urbanístico.

La empresa alegó en su defensa que la utilización de un "nuevo tipo de combustible" alternativo no implica una modificación de la actividad de fabricación de cementos, cuyos orígentes datan del 1967. Siguiendo este principio consideran que no existen cambios en el uso urbanístico de la parcela donde se desarrolla la actividad. Finalmente prevalecieron los argumentos de la institución local y el proyecto quedó aparcado.