El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha registrado la solicitud de su grupo municipal de la celebración de un Pleno extraordinario para debatir sobre las consecuencias y responsabilidades políticas y económicas tras la Sentencia 216/2019 de 18 de septiembre de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Huelva que anula el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría de 27 de septiembre de 2017 por el que se aprueba la enajenación de las parcelas del SUNC/Antiguos depósitos.

En el orden del día propuesto, también se incluye “requerir a la alcaldesa que inste a la representación procesal del Ayuntamiento en el citado procedimiento a no oponerse a la ejecución provisional de la Sentencia, en caso que se solicitare tras recurso de apelación interpuesto contra la misma”. Esta petición se realiza dado el anuncio realizado por el Ayuntamiento de que recurrirá la sentencia así como la intención de Hernández Cansino de pedir la ejecución provisional de la misma.

Según el Portavoz de UPU, a fecha de hoy, no se han generado motivos para indemnizar a la empresa y ha matizado que “desde el primer momento era conocedora del procedimiento judicial”, por lo que habría que devolverle el importe de la operación de compra (3,8 millones) y los gastos de ejecución (por las obras de demolición realizadas y las que se llevaron a cabo en la red de suministro de agua).

Por ello es importante que se paralicen los trabajos y que se ejecute provisionalmente la sentencia. “No es de recibo que las máquinas hoy singan trabajando en la zona. Es pura prudencia que la alcaldesa tome cartas en el asunto y pare”, medida con la que además no se generarán más gastos, añadió Cansino.

En la sesión plenaria se debatirá sobre las consecuencias y responsabilidades políticas y económicas de la anulación del proyecto

“La responsabilidad del equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad son obvias”, según José Hernández que añadió que “la sentencia que anula el proyecto era la crónica de una muerte anunciada. Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas”.

Por eso, ha argumentado,  “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos, tendrán que pagar con su patrimonio personal, los cuales se incrementarían si no se para ya el proyecto”.

Precisamente en el escrito de solicitud del Pleno extraordinario presentado, solicita entre otra documentación que deberá integrar el expediente plenario, informe de secretaría e intervención sobre las eventuales consecuencias económicas generadas hasta este momento para el Ayuntamiento de Punta Umbría y las que pudieran generarse a partir de ahora en caso de confirmación por la Sala del TSJA de la sentencia que anula la venta de las parcelas de las torres, y ello tanto en el caso de que se llevase a cabo la ejecución provisional de la sentencia o no.

“Es el momento de ser prudentes, dar explicaciones y asumir responsabilidades” y el Pleno es, por ahora, el lugar adecuado para ello” afirmó Hernández Cansino