El Gobierno ha avanzado que prepara un Perte agroalimentario que incluirá al entorno de Doñana y ha pedido al PP y Cs que retiren la propuesta que amplia las superficies de regadíos en la zona, iniciativa que repercutirá a Andalucía si se producen sanciones de la UE. La medida y las advertencias han sido planteadas por el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, después de reunirse con la plataforma Salvemos Doñana y con los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y, telemáticamente, con el PSOE. El grupo de Vox, según el Gobierno, no ha respondido a la invitación.

"Los andaluces deben saber que la iniciativa, de aprobarse, con toda probabilidad va a suponer una sanción económica que van a tener que pagar los ciudadanos", ha señalado Enrique Santiago. En su opinión, la propuesta de ley de PP, Cs y Vox, que respalda la Junta, "francamente no compensa, no es la solución y si un problema evidente". Por ello, ha trasladado a los grupos que la iniciativa, que recoge la ampliación de regadíos en unas 1.500 hectáreas en la zona norte del entorno de Doñana, no siga adelante, porque es "claramente contraria a la ley, a dos directivas europeas" así como a normas propias de la Junta de Andalucía y al desarrollo sostenible.

Como alternativa, Enrique Santiago ha trasladado a los grupos la aplicación de un Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) agroalimentario con fondos europeos que incluirá a Doñana y prepara el Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030. El proyecto, según ha detallado la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, permitiría conciliar una actividad económica y productiva que genere empleo con la sostenibilidad medioambiental del entorno de Doñana, por lo que ha pedido a la Junta que retire la propuesta.

Además, ha confirmado que el Ministerio de Derechos Sociales pondrá recursos a disposición para "dignificar" el alojamiento de las personas temporeras que llevan a cabo las campañas agrarias. El PP y Cs han mantenido sus posiciones en defensa de la propuesta que amplia los regadíos en la Corona Norte de Doñana.

El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, ha explicado que su formación ha planteado al secretario de Estado la versión de los que tienen "derechos históricos y contribuyen" a la conservación en la zona. El PP defiende el diálogo y una solución que "garantice" el futuro de Doñana y que "no sea a costa de criminalizar" el desarrollo de la provincia y la agricultura en Huelva, aunque también ha señalado que su partido "va de la mano" de los agricultores y de los alcaldes afectados, la mayoría socialistas, ha concretado.

Ciudadanos, a través su diputado Julio Díaz, ha sostenido en Huelva que la polémica en torno a la regulación de regadíos es "muy artificial" y ha culpado al PSOE-A de haber "creado" el problema en el 2014 con el Plan de la Fresa en el que "eludió" escuchar a los agricultores que "tenían derechos históricos". "Queremos reordenar los regadíos en las zonas anexas a Doñana, pero no dentro de Doñana para que cuando haya trasvase llegue el agua en superficie y se recupere el acuífero de Doñana".

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha estimado que no cree que haga falta llegar al Tribunal Constitucional en este asunto, como ha apuntado la Ministra de Medio Ambiente, "si hacen las cosas bien". Espadas sostiene que si el Gobierno andaluz quiere acometer cualquier revisión de los regadíos tiene que sentarse con las administraciones afectadas, convocar al Consejo de Participación de Doñana, decir cómo lo va a hacer y tener los informes preceptivos para poderlo hacer.