En el lenguaje popular se suele decir ante situaciones conflictivas que “la mejor defensa es un buen ataque”. Pues bien, como en tantas otras cuestiones, el señor Sánchez rompe lo tradicional, incluso en su condición de baloncestista mediocre, porque debería conocer que ahí es “una buena defensa la que propicia un mejor ataque”, con lo que deja patente su patológica tendencia de mirarse a sí mismo por encima de cualquier concepto de rectitud, asunción de responsabilidades o errores, de honestidad y de ética… en un ejercicio constante de supremacismo psico-físico muy propio de individuos cercanos al narcisismo.

Huir hacia adelante, no responder en las instituciones a las preguntas reglamentarias de control de su gestión para convertirse en oponente de la oposición, incluyendo una trayectoria que va desde el plagio de la tesis doctoral hasta asociarse con elementos o grupos no de dudosa sino de contrastada aversión a la unidad nacional, adversarios del modelo democrático o con perfiles racistas… hasta intentar pucherazos en votaciones de régimen interno en el partido desideologizado para convertirlo en cortijo propio. Comprenderán, pues, que ante alguien con esos critérios de acción gubernamental, la sociedad se polarice y se radicalice, por tanto, las relaciones personales ante la constante evidencia de “cambios de opinión” en función de su interés particular y el beneficio de algunos de su entorno blindados por la doble vara de medir que utiliza, para bien de los propios y desprestigio del de enfrente, llegando a alcanzar el límite de la falta de moralidad, donde la alusión a lo más cercano a su persona y una intolerable intromisión en su ámbito privado es, sin embargo, motivo para pedir arteramente la dimisión de su adversaria –irreductible hasta ahora–, la presidenta madrileña, por una inspección fiscal de la actividad privada de su pareja, con el agravante de haber utilizado información de la Agencia Tributaria, saltándose los criterios de protección y confidencialidad que se contemplan en ese tema en los sistemas democráticos y que podrían suponer una presunta irregularidad legal de extrema gravedad.

Apuntadas estas reflexiones, parece lógico pensar que la equiparación entre una irregularidad fiscal privada –que de ser cierta ha de ser castigada– con la inyección de centenas de millones de euros del dinero público a una empresa patrocinada por el ente empresarial que dirigía la esposa del presidente, resulta, cuando menos, sospechoso de un autoritarismo desmedido que desvela, supuestamente, otra irregularidad posible del señor Sánchez, al caer en una pretendida conflictividad de intereses al aprobar las ayudas en el Consejo de Ministros. Entendemos, por tanto, que a Ayuso “le guste, cada vez más, la fruta”.