SI hacemos un balance del año que acaba en el ámbito político, diríamos que ha sido realmente turbulento y desquiciado. Hemos visto, hemos oído y hemos leído lo que sólo hace poco tiempo no podíamos imaginar, si bien, dadas las circunstancias, muchos ciudadanos, especialmente los mejor formados e informados, están curados de espanto. Aunque no sea más que una muestra de la degradación y vileza de algunos políticos, baste recordar a la portavoz de Junts, la diputada Miriam Nogueras, a la que se ha calificado de “azote del constitucionalismo” o “dóberman de Puigdemont”, acusar y amenazar a jueces, periodistas y agentes del orden con absoluta impunidad y, sobre todo, con el espectral silencio cómplice del Congreso de los Diputados, como amedrentado por la cólera inquisitorial, insultante e intimidatoria de tan agresiva parlamentaria que, en la sesión del miércoles 20, volvía a la carga con recalcitrante desfachatez, la misma con que se expresaba con ofensiva altanería el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El rechazo unánime del CGPJ a las comisiones por el lawfare es la más contundente respuesta a las intolerables pretensiones de los nacionalistas.

Resulta inaudito e inadmisible porque constituye un insulto a la Justicia y al Estado de Derecho acusar a los jueces de ejercer una guerra sucia contra el independentismo y que se cuestionen las decisiones judiciales y muchísimo más que se les acuse de pretender una especie de golpe de Estado, simplemente por atender a los requerimientos de amparo que le plantean los ciudadanos, según el informe sobre la situación del Estado de Derecho en España, suscrito por el Foro de Profesores, en colaboración con Impulso Ciudadano y Citizens Pro Europe. Lo cual constituye un acuciante “deterioro del Estado de Derecho en España, un deterioro que se observa tanto en las instituciones del Estado como en las de algunas comunidades autónomas”.

La humillante cesión e indignantes concesiones a los independentistas por parte del Gobierno, como la única manera de permanecer en el poder y evitar la alternancia democrática con la fútil estratagema de un encuentro que devuelva la convivencia y el marco constitucional calificando de conflicto político lo que es una vasta comisión de delitos de una envergadura manifiestamente condenables, no puede permitir que el país se someta al chantaje, al insulto y la amenaza a la autoridad judicial a través del Congreso y la Eurocámara, imponiendo unos y otros una Ley de Amnistía, que un innumerable conjunto de instituciones, muy cualificados juristas y el propio ejecutivo meses atrás, declaraban inconstitucional.

Con su afán de mantener el poder y enarbolando el espantajo de la convivencia y el reencuentro en Cataluña, el presunto gobierno progresista y el supuesto contubernio PP-Vox, Sánchez pretende perpetuar la colonización de las instituciones públicas, incluidos los medios informativos que tienen un considerable dominio sobre la opinión pública.