En un diplomático o ejerciente de la actividad diplomática se exige como mínimo, discreción, prudencia, equilibrio, tacto y exquisitez en las relaciones internacionales. Por supuesto en el ejercicio de su ministerio si tiene el honor de desempeñarlo en un régimen democrático y constitucional. Que yo sepa Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación del actual Gobierno, es ingeniero aeronáutico, doctor en Ciencias Económicas y profesor universitario, en excedencia, fue ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 1991 a 1996, presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007 y diputado en el Congreso en diversas legislaturas, pero no es diplomático. Esto no obsta para que pueda ejercer como ministro de Asuntos Exteriores como lo han hecho tantos otros que nunca habían realizado tareas diplomáticas.

Pero el señor Borrell, un político destacado, que tan magnífica intervención tuvo en aquella masiva y multitudinaria manifestación contra el independentismo, y que puede desempeñar su cargo con eficacia y brillantez al servicio de los intereses de España en el ámbito internacional no me parece que actuara con especial diplomacia y discreción cuando enmendaba a la justicia española declarando que "personalmente" él preferiría que los políticos independentistas presos, que serán juzgados por sedición y rebelión, estuvieran "libres condicionalmente", porque considera que "hay otras formas de velar para que no huyan", en una entrevista emitida por la BBC. Indicaba que esa es su "opinión personal" y, a la pregunta de por qué el Gobierno no perdona a los acusados, respondía, visiblemente airado, que "en España hay división de poderes". Aparte de que esa separación de poderes en nuestro país no es total, eso mismo le obliga a no injerirse en la acción judicial como en su día se criticó con toda la razón al anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, por inmiscuirse en procesos judiciales.

Ante una evidente impotencia institucional, un descrédito casi general en el ámbito político, una inquietante pérdida de valores que han permitido que las timoratas actitudes de los últimos gobiernos dieran lugar a flagrantes incumplimientos de la ley y el asalto al orden constitucional, cruzando demasiadas rayas rojas inconcebibles, un ministro no puede hacer esas declaraciones que favorecen la causa soberanista, se enfrentan a la decisión judicial y tratan de modificarla. Dada la constante, infamante e intolerable provocación nacionalista los partidos hegemónicos debieran consensuar una defensa de la Constitución según la supremacía de la ley como el gobierno republicano instituyó una Ley de Defensa de la República en 1931. Tanta urgencia, tanto decretazo para exhumaciones, reformas, memorias y ajustes de cuentas y ¡qué poca diligencia para poner a los nacionalistas en su sitio y hacer que cumplan con la Constitución!