La primera ministra británica, Theresa May, transmitió ayer al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a la canciller alemana, Angela Markel, su confianza en que el calendario del Brexit no se alterará por la sentencia que puede obligarle a pedir autorización al Parlamento.

May explicó a ambos líderes que espera que el Tribunal Supremo revoque en diciembre el fallo que niega a su Gobierno el poder constitucional necesario para activar de forma unilateral el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará formalmente la desconexión del Reino Unido de la UE.

Si la máxima autoridad judicial británica mantiene la sentencia, May podría verse obligada a tramitar una ley que pasaría por la Cámara de los Comunes -donde su formación, el Partido Conservador, tiene mayoría absoluta- y la de los Lores -donde sus miembros vitalicios son más proclives a la UE-.

Ese proceso parlamentario abriría la puerta a que diputados de la oposición o bien conservadores proeuropeos intentaran retrasar la salida de la UE o imponer condiciones al inicio del proceso de negociaciones con Bruselas.

A pesar de la complejidad y la incertidumbre que ha añadido el dictamen judicial, May comunicó a sus colegas europeos que "la agenda planeada para notificar (la activación del) el artículo 50 se mantiene intacta".