El interventor ve un "menoscabo" de fondos en las subvenciones irregulares

El cúmulo de irregularidades detectadas, "muchas y muy graves", en el control de subvenciones de formación profesional para el empleo a empresas, entidades y administraciones en la provincia de Huelva, llevó a determinar al interventor provincial en su informe final para el periodo 2009-2012, que se ha producido "un menoscabo de los fondos públicos".

Esta conclusión, recogida en el informe especial elaborado en 2013, fue defendida ayer por el interventor, Miguel Ángel García Bermúdez, en su comparecencia ante la comisión del Parlamento de Andalucía que investiga el presunto fraude en las ayudas a los cursos de formación. Ningún otro interventor provincial ha tildado, hasta el momento, de esta forma el perjuicio sufrido por las arcas públicas.

Insistió en considerar ese "menoscabo de fondos", con independencia de que los procedimientos puedan seguir aún su curso y las ayudas sean reintegrables, pese a las objeciones del portavoz socialista, y aseguró que por ello son exigibles responsabilidades, según la ley, "en cuatro ámbitos: penal, civil, contable y administrativo", aunque, añadió, "no me pronuncio en cuál debe haber".

El portavoz socialista en la comisión, Rodrigo Sánchez de Haro, interpeló al interventor sobre su "certeza" de la existencia del menoscabo de fondos públicos. Y García Bermúdez le dio todos sus argumentos: "Pienso que hay menoscabo porque se ha producido un daño real, porque se han dado casi todas las irregularidades que especifica la ley: administrar recursos y derechos sin sujeción de la norma, ha habido mucha negligencia a la hora de exigir los reintegros, no se ha actuado con la debida contundencia o se ha dado lugar a pagos indebidos al liquidar obligaciones".

Sánchez de Haro trató de desmontar el criterio del interventor de Huelva al asegurar que "mientras se pueda resarcir, no hay daño". "No lo comparto", le replicó García Bermúdez, quien detalló el estado de las actuaciones llevadas a cabo con los 29 expedientes incluidos en el informe de actuación por menoscabo de fondos, sin que se haya resuelto aún ningún expediente de reintegro. "Sólo hay uno que se ha resuelto y es de una empresa que es insolvente. Con el excesivo tiempo que está pasando, todas pueden ser insolventes y a quién se le va a pedir entonces el reintegro", se preguntó. En cualquier caso recalcó que "el daño es real en el momento en que el 25% restante [del segundo abono de la subvención] se ha pagado ya. Otra cosa es que sea recuperable o no", dijo.

No hizo, en cambio, una valoración del perjuicio económico causado: "No sé la cantidad. Sólo tengo datos aislados pero no el total".

En su exposición inicial, Miguel Ángel García Bermúdez explicó al detalle el procedimiento realizado por Intervención de fiscalización previa y de control financiero aplicable al SAE tras la reestructuración orgánica de 2011. Y expuso que en su informe de 2013 reflejó la existencia de "muchas y muy graves irregularidades" en las ayudas concedidas en Huelva, como que "la mayoría de los expedientes eran inadmisibles por la falta de documentación mínima indispensable o con documentación incorrecta y con graves deficiencias, o el incumplimiento sistemático del compromiso de contratación".

"Prácticamente el cien por cien de los expedientes en formación tenía irregularidades", mientras que en otras áreas, como los talleres de empleo, "tenían incumplimientos normales".

Preguntado por los portavoces de la oposición, que agradecieron la minuciosidad y objetividad en su intervención, García Bermúdez apuntó a "una relajación de los controles" en las irregularidades cometidas. "Cuando no se exige que se hagan con diligencia, se puede dar una relajación", apuntó en lo que consideró, como opinión personal, una "práctica generalizada", poniendo el foco en el jefe de servicio, los jefes de departamento y el director provincial como responsables en la escala de mandos.

"¿Y las mismas irregularidades en todas las provincias?", le preguntaron varios parlamentarios. "En el momento que el mecanismo de control se relaja, si es el mismo en todas las provincias, salen los mismos errores", dijo. Y fue más explícito: "No creo que haya una mano que haya urdido un plan".

La portavoz del Partido Popular, Teresa Ruiz-Sillero, en esta línea, preguntó directamente al interventor si cree que hubo "trato de favor" a una de las empresas reflejadas en el informe, Multiservicios y Limpiezas Doñana, relacionada con el concejal del Ayuntamiento de Huelva, vicepresidente de la Diputación y miembro de la Ejecutiva regional del PSOE, José Fernández. "No me consta de ninguna forma. En el expediente no he visto este tipo de circunstancias", replicó el interventor.