Huelva

El equipo de gobierno pregunta al PP "qué interés escondía" la adjudicación

  • Villadeamigo cree que la sentencia es una prueba más de la "nefasta" gestión de los populares.

  • Si el fallo se declara firme, el Ayuntamiento anulará el convenio y abrirá una nueva licitación.

Infraestructura de la zona ORA en la zona de La Merced. Infraestructura de la zona ORA en la zona de La Merced.

Infraestructura de la zona ORA en la zona de La Merced. / alberto domínguez

Con el fallo judicial en la mano, el equipo de gobierno soltó ayer toda la artillería pesada. Fue el pasado viernes cuando los socialistas conocieron lo que consideran "un hecho extremadamente grave" para el Ayuntamiento y que "pone en duda la imparcialidad y la independencia" del anterior equipo de gobierno en la gestión municipal. Es, según argumentan, una prueba más de que las cosas no se hicieron bien.

Así se refirió la segunda teniente de alcalde de Economía y Hacienda en el Consistorio de la capital, María Villadeamigo, a la sentencia de la Sección Primera de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declara nula la adjudicación, en el año 2013, del contrato municipal de gestión y explotación de la Zona de Ordenación Regulada de Aparcamientos (ORA) y el servicio de retirada de vehículos de la vía pública a la empresa Dornier S.A.

Tal y como publicó en su edición de ayer Huelva Información, el Alto Tribunal andaluz ha ordenado al Consistorio capitalino iniciar un nuevo procedimiento de licitación que respete las garantías legales y los principios de igualdad y transparencia que, según la sentencia, fueron vulnerados en el proceso llevado a cabo por el Consistorio hace cuatro años.

El contrato se formalizó el 22 de octubre de 2013, tan sólo ocho días después de la notificación de la adjudicación a Dornier, que era la anterior concesionaria. Pero la empresa Estacionamientos Iberpark S.A, que quedó en segundo puesto, interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de septiembre de 2013 de adjudicación del contrato. Reclamaba la nulidad al advertir supuestas irregularidades pero el juzgado desestimó su petición.

Iberpark recurrió ante el TSJA que ahora, tal y como señaló la concejal, apunta a "una cadena de irregularidades" en el procedimiento de adjudicación, como la omisión de informes preceptivos cuyo contenido es determinante para la resolución, el incumplimiento de las prescripciones legales de la Ley de Contratos, el error de la Administración en la modalidad de la contratación, o la adjudicación del contrato obviando el informe de fiscalización, con causa que excluía del procedimiento de adjudicación a Dornier.

Asimismo, apunta a que se emitió el informe económico de valoración por un órgano incompetente en razón de la materia, como era el entonces jefe de la Policía Local, y lo que el TSJA considera el quid de la cuestión: se alteraron los criterios de adjudicación y se omitieron en el expediente documentos como la memoria económica.

Y es que la sentencia determina que, entre otras cuestiones, durante el proceso de evaluación se fijaron subcriterios que no figuraban en los pliegos de condiciones de la licitación, lo que infringió el principio de igualdad de oportunidades y transparencia establecido en el artículo 139 de la Ley de Contratos y el artículo 36 de la directiva 92/50, que exige que los posibles licitadores conozcan en el momento de preparar sus ofertas todos los factores que la entidad adjudicadora tomará en consideración para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y la importancia relativa a los mismos.

El pliego establecía hasta 38 puntos para valorar el proyecto técnico de gestión, descrito en distintos apartados, pero sin señalar la puntuación de cada uno de ellos. Una imprecisión, según señala el tribunal, que le permitió al jefe de la Policía Local otorgar una puntuación concreta en cada uno de ellos, creando apartados y puntuaciones que no se establecían en el pliego, dándole la puntuación máxima a la adjudicataria.

"Esto huele muy mal, y lo peor de todo es que hablamos de un contrato con una vigencia de 20 años, hipotecando el futuro de los onubenses, generando indefensión a las empresas afectadas y una gran inseguridad jurídica para nuestro Ayuntamiento", recalcó Villadeamigo, quien calificó de "escandaloso" que dicho contrato se firmara antes de plazo y alterando los criterios de valoración que figuraban en los pliegos de condiciones del concurso.

En sus palabras, "no es de extrañar que, llevando a cabo un procedimiento con tantas anomalías, el PP quisiera zanjar el asunto cuanto antes". Tanto es así que el propio juez señala que llama poderosamente la atención la prisa en la adjudicación y su formalización antes de plazo.

Por todo ello, desde el actual equipo de gobierno exigieron al PP en el Ayuntamiento, que "cuenta con la responsable directa de esta atrocidad entre sus concejales", en referencia a Carmen Sacristán, que "explique a los ciudadanos por qué se saltó así la ley y qué interés escondía adjudicarle los contratos a esta empresa".

"Lamentablemente este es nuestro día a día". El pasado del PP es nuestro presente y tenemos que gobernar encontrándonos irregularidades así continuamente. Y más que nos seguiremos encontrando, con el coste que eso conlleva para este Ayuntamiento. La ciudadanía debe saberlo y el PP dar explicaciones cuanto antes", dijo una contundente Villadeamigo.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, precisó que ahora es necesario esperar a que la sentencia sea firme, pues aún cabe la posibilidad de que la adjudicataria recurra ante el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento no lo hará, según dijo, "por coherencia". Al respecto, desde Dornier guardaron silencio ayer, toda vez que señalaron que en estos momentos tienen que evaluar lo dictado por el TSJA. De declararse la firmeza del fallo, el Consistorio anularía el contrato, en cumplimiento del mandato judicial, y abriría una nueva licitación.

En cuanto a las consecuencias económicas de la anulación de ese contrato, Villadeamigo explicó que el Ayuntamiento simplemente recibe de Dornier un canon anual de 580.000 euros, si bien "tal y como está elaborado el contrato, hay unos criterios variables y fijos, y al final de ese dinero realmente por el tema de la grúa no nos suele llegar la cantidad total". Lo que sí dejó claro es que si se licita de nuevo, la regulación no será como la actual, ya que "todo el mundo está desencantado" y se le dará "cobertura a todo lo que nos demanda la ciudadanía".

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