El Juzgado de Instrucción 5 de Huelva ha archivado la querella presentada por Vox contra la empresa Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa) y varios de sus trabajadores por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, financiación ilegal de partidos políticos y falsedad en documento público, oficial y mercantil. Según el auto de la causa, que ha sido notificado este martes, el juez considera que "no existen indicios suficientes de la comisión de ninguna infracción penal" en la actuación de las personas querelladas. 

Ello se produce después de que la Fiscalía solicitara el sobreseimiento y archivo de las actuaciones al entender que los hechos denunciados son "semejantes" a los que se investigaron en su día en el Juzgado de Instrucción 3 de Huelva por la supuesta financiación irregular de un partido político -el PA- con cargo a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y a Giahsa, siendo ahora de aplicación, a su juicio, los mismos argumentos que se tuvieron en cuenta para sobreseer aquellas actuaciones. Frente a ello, Vox alegó que no había tenido en cuenta la reforma de los estatutos de la MAS, que se modificaron en 2017 con la supresión de la referencia a partidos políticos, quedando tan solo como integrantes de la mancomunidad los municipios, por lo que, desde entonces, "se producen hechos con relevancia penal que carecen de la cobertura legal que antes tenían".

En su querella, Vox sostenía que el PSOE de Huelva "se habría financiado ilegalmente, vaciando las arcas de la empresa pública de la Mancomunidad de Servicios de Huelva, desviando el 95,75 % de los fondos de la misma para destinarlos al grupo socialista", unos hechos que se habrían llevado a cabo entre los años 2010 y 2020.

El magistrado explica, que en este caso, existen dos entidades distintas "que es necesario diferenciar": la MAS, una entidad local voluntaria de carácter público a la que es de aplicación la legislación de Régimen Local; y Giahsa, una sociedad mercantil de capital público que se rige por las normas de derecho privado. Aclarado esto, precisa que la querella de Vox se dirige "exclusivamente" contra la empresa Giahsa, que es la encargada de la gestión del ciclo integral del agua, "si bien, analizando toda la documentación aportada, el presunto desvío de fondos y presupuestos se realiza por parte de la MAS". El juez agrega que, además, Giahsa desde abril de 2022 asume igualmente como encomienda de gestión la exacción de las tarifas por la prestación de los servicios mancomunados con un derecho de cobro a su favor como prestación de la totalidad de la recaudación de las tarifas, salvo la cantidad de 500.000 euros, así como la exacción de los tributos, cánones o sanciones impuestos por las autoridades competentes en materia hidráulica o de gestión de residuos que deberá abonarse a la MAS por los costes de su funcionamiento.

A juicio del magistrado, todas estas funciones que viene desempeñando Giahsa "tienen cobertura legal, estando expresamente reflejadas en sus estatutos y, por ende, presta sus servicios a todos los municipios que integran la Mancomunidad". Dicho esto, añade que "teniendo en cuenta estas consideraciones, analizada toda la documental incorporada a las actuaciones, no se aprecia la existencia de delito alguno en la actuación y funciones desempeñadas por la empresa Giahsa, y por extensión, en la intervención de sus diferentes trabajadores" contra la que se ha presentado la querella, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Sobre la alegación efectuada por Vox en lo relativo a la modificación estatutaria de la MAS y la supresión de la referencia a los partidos políticos como integrantes de la misma, el juez asevera que dicha afirmación "no es del todo cierta", ya que "siguen como integrantes de la MAS los partidos políticos y lo que se ha modificado es la forma de designar dichos partidos a sus representantes en la Asamblea"