La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha pedido dos años y tres meses de prisión y el pago de 867.000 euros a la Consejería de Cultura de la Junta, en concepto de indemnización, para los cuatro acusados de cometer un delito de daños contra el patrimonio histórico por el expolio que sufrió en enero de 2016, tras movimientos de tierra, parte del yacimiento arqueológico de La Orden-El Seminario, registrado en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2007.

Fue el 16 de enero de 2016 cuando Huelva Información sacó a la luz pública la noticia de que el yacimiento arqueológico que descubrió la Huelva de finales del Neolítico, convirtiéndola en la ciudad más antigua de Occidente, había acabado de relleno para la futura estación del AVE. Así, una de las parcelas que se encontraban pendiente de la correspondiente excavación arqueológica sufrió durante varias semanas el vaciado del terreno. La tierra de allí extraída sirvió para el relleno de la estación de las Metas, ya en funcionamiento, que entonces construía la Administración central.

Ahora la Fiscalía ha formulado el escrito de acusación, según Europa Press, en el que acusa a cuatro personas: dos responsables de Bekinsa, constructora dueña de tres de las cuatro parcelas, y otros dos de la empresa que realizó los movimientos de tierra.

A su vez, además de la pena de prisión, la Fiscalía pide una indemnización conjunta, a favor de la Consejería, de 867.000 euros, en base a la pericial que ha llevado a cabo un arqueólogo de la Universidad de Huelva (UHU), así como el pago de las cantidades que ha adelantado la otra empresa, dueña de la cuarta parcela, para la realización de este informe.

Según destacó ayer la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Natalia Santos, su Administración está "totalmente en contra de que se cometa cualquier delito en el patrimonio" y así lo defenderá "en los juzgados y con la Ley de Patrimonio Histórico" en la mano.

El arqueólogo Diego González interpuso una denuncia revelando los hechos y, según un informe realizado por la Junta, en parte de este yacimiento se llevaron a cabo importantes movimientos de tierras -con rebaja del terreno de hasta cinco metros- en las cuatro parcelas, en las que se apreciaron estructuras arqueológicas cortadas y restos materiales arqueológicos sobre todo en una de éstas, que no había sido objeto de intervención arqueológica previa a diferencia de las otras.

Según la Fiscalía, dicha actuación fue realizada por una empresa, a su vez contratada por la UTE, que acometía las obras de la nueva estación ferroviaria y que por ello necesitaba aporte de tierras.

Cabe recordar que, según un informe de la Junta de Andalucía, desde 1970 se realizan excavaciones en esta zona y han aparecido dos necrópolis y un poblado tardorromano de hasta 5.000 años de antigüedad -neolítica, calcolítica, de la edad del bronce, tardorromana y medieval-islámica-. Del mismo modo en 1998 en una de estas zonas se llevó a cabo una intervención de urgencia, documentándose una estructura de almacenamiento de época islámica y también pudieron recogerse materiales de la Edad del Cobre.

A su vez, el citado informe precisaba que dichos movimientos carecían de "la autorización previa y preceptiva" de la Consejería de Cultura y supusieron "la pérdida irreparable de información arqueológica de valor incalculable así como de daños en bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz".

Tres meses después del expolio, en abril se produjo otro en la zona del sector B3 Santa Marta-La Orden, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la Zona Arqueológica de Huelva. En este caso, la Fiscalía pidió 21 meses de prisión y el pago de 216.000 euros a la Consejería de Cultura, en concepto de indemnización por daños, para ocho acusados de cometer un delito de daños contra el patrimonio histórico.

Según rezaba en ese escrito de acusación, uno de los acusados, en nombre de otros cinco, todos ellos concesionarios municipales de puestos-parcelas para la venta ambulante en el mercadillo de la capital, encargó a otro de los acusados, como representante y administrador de una empresa, la realización de trabajos de movimiento de tierras en cada una de las citadas parcelas con el fin de ampliar su superficie y sobre todo poder aparcar sus vehículos en la misma parcela y no en los aparcamientos habilitados para ello.