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Editorial: Más dureza con los asesinos

EL ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó ayer en el Consejo de Ministros un informe sobre la futura reforma del Código Penal, que introduce en la legislación española por primera vez la prisión permanente revisable. Esta pena, caso de salir adelante la reforma, se aplicará en los casos de homicidios terroristas y también en los asesinatos con víctimas menores de 16 años, asesinatos subsiguientes a agresiones sexuales, asesinatos múltiples y asesinatos cometidos por bandas organizadas. Tendrá una duración indefinida, que podrá ser revisada tras un tiempo de privación de libertad establecido, en función de las circunstancias del condenado, entre los 25 y los 35 años. Igualmente, en el citado informe sobre la reforma del Código Penal se recoge la "custodia de seguridad", medida privativa de libertad de una duración máxima de diez años para casos excepcionales, una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore si se mantiene la peligrosidad del penado. El ministro se ha adelantado a la previsible polémica sobre estas medidas asegurando que tienen "encaje constitucional" y aludiendo a un dictamen del Consejo de Estado que establece que la figura de la prisión permanente revisable, similar a la cadena perpetua vigente en otros países europeos, no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo. Parece claro que el Gobierno quiere dar respuesta con estas medidas a un clamor social tras algunos casos que han generado una profunda indignación en la opinión pública, como son los de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés o los hermanos Ruth y José Bretón. De hecho, en la misma reforma se prevé que la desaparición de personas sea castigada como un delito de homicidio en aquellos supuestos en los que parta de una detención ilegal que haga constatable que la no aparición de esa persona es debido a que ha fallecido. Aunque parte de la doctrina se opone a estos endurecimientos y no conviene generalizarlos, tampoco se puede mirar a otro lado ante la realidad dolorosa de las víctimas y sus familias.

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