EL sindicato CSIF ha solicitado que se vigilen las secuelas, tanto físicas como mentales, que ha provocado la Covid-19 en los profesionales del sistema sanitario público que han resultado contagiados, un total de 584 trabajadoras y trabajadores en la provincia de Huelva desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos oficiales facilitados por el SAS a fecha de 26 de febrero de este año.De esos 584 profesionales afectados –que supone una incidencia del 7,44% en el colectivo- 422 han sido mujeres (7,65% de incidencia) y 162 hombres (con un 7,23%). La distribución de los casos diagnosticados se reparte de la siguiente manera: 292 en el hospital Juan Ramón Jiménez (lo que supone una incidencia del 8,29%); 126 en el Infanta Elena (un 10%); 71 en el Área Norte (6,36% de incidencia); en el distrito Huelva-Costa han sido 51 (4,63%); 42 en Condado-Campiña (una incidencia de 5,9%); y, finalmente, 2 en el CTTC (Centro de Transfusión, Tejidos y Células), con una incidencia del 3%.Una vez analizados los datos, el sindicato CSIF ha puesto en marcha una campaña para solicitar la vigilancia de la salud de los profesionales realizando un seguimiento por posibles secuelas, así como estudios de seroprevalencia tras la vacunación frente al Sars CoV-2 para comprobar la inmunidad de los diferentes colectivos.
Hospital Juan Ramón Jiménez.
En este sentido, CSIF insiste en que numerosos profesionales infectados por su actividad laboral que han superado la Covid-19 están sufriendo tanto secuelas físicas como psicológicas. Entre las físicas se incluyen problemas de movilidad, alteraciones del suelo y del estado de ánimo, así como complicaciones asociadas con varios órganos, como alteraciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, musculares o dermatológicas, entre otras.Entre las secuelas mentales, se han descrito trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad, así como desestabilización de procesos previos al contagio, entre otros aspectos.
La presión sanitaria, caldo de cultivo para las agresiones a los profesionales
El sector de Sanidad del sindicato CSIF ha exigido “tolerancia cero” frente a las agresiones que sufren los profesionales del sistema sanitario y que en 2020 fueron un total de 84 en la provincia de Huelva, el 87% de las cuales fueron verbales (en concreto 73), según datos del propio Servicio Andaluz de Salud.Como consecuencia de la pandemia, “el aumento de los contagios, la presión hospitalaria, la situación de la Atención Primaria, con gran déficit de medios humanos, la crispación y la incertidumbre, en muchas ocasiones, han sido caldo de cultivo para este tipo de agresiones”, según CSIF.En concreto, se trata de situaciones de malos modos, insultos y trato degradante hacia los profesionales que se producen por teléfono y que, precisamente por eso, en muchas ocasiones no son percibidas por el trabajador o trabajadora como una agresión, cuando en realidad lo son, explica CSIF. “Estas teleagresiones, si no se declaran, no se registran, y por lo tanto, no se pueden adoptar medidas para evitar que sucedan. De ahí la importancia de que los profesionales denuncien este tipo de conductas”.
Los 208 bomberos de Huelva, pendientes de la futura Ley de Emergencias
Parque de Bomberos de Huelva.
CSIF, a través de su sector de Administración Local, espera que la futura Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía pueda dar solución a los problemas de los servicios de Bomberos de la provincia de Huelva. Este colectivo asciende a 208 profesionales, 138 pertenecientes al Consorcio de Bomberos y 70 dependientes del Ayuntamiento de Huelva. La central sindical lleva reivindicando la necesidad de constituir esta hoja de ruta para profesionalizar y homogeneizar los servicios de Bomberos y, así, establecer las dotaciones mínimas de personal y los recursos materiales necesarios para evitar las situaciones de precariedad que se dan en la actualidad. La realidad actual de los servicios de Bomberos hace necesario unas dotaciones mínimas de intervención que eliminen situaciones precarias.
Piden que los funcionarios de Justicia sean prioritarios en la vacunación
El sector de Justicia del sindicato CSIF ha pedido a la Junta de Andalucía que incluya entre los grupos prioritarios para la vacunación frente a la Covid-19 a los funcionarios de Justicia -un colectivo que en la provincia de Huelva asciende a 595 trabajadoras y trabajadores- por el servicio esencial que prestan y el nivel de exposición que tienen frente al virus.La central sindical recuerda que ya en la primera declaración del estado de alarma la Administración de Justicia fue considerada como servicio esencial, manteniéndose abiertos juzgados, tribunales y demás edificios jurisdiccionales, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. El sindicato argumenta que “es necesario que este colectivo reciba un trato singularizado y preferente” habida cuenta de “las especiales circunstancias en las que se desarrolla su trabajo, el servicio esencial que prestan y, en muchas ocasiones, la obligación que tienen de estar próximos a personas que pudieran ser portadoras de la infección por Sars-CoV2”.
Personal de Justicia.
CSIF advirtió del retraso en las vacunas del personal de prisión
La sección sindical provincial de Instituciones Penitenciarias de CSIF alertó el pasado 10 de marzo del retraso en el proceso de vacunación del personal de la prisión de Huelva que, en ese momento, desconocía cuándo se les iba a administrar la primera dosis a pesar de estar incluidos en el grupo 3. En este sentido, la central sindical aseguró que no se había respetado el orden establecido ya que colectivos del grupo 6, como docentes y cuerpos de seguridad, ya se habían vacunado mientras que el personal penitenciario de la provincia de Huelva -un colectivo que asciende a más de 560 efectivos- aún no tenía fecha prevista en aquel momento. Esta situación provocó inquietud entre el colectivo que se siente “desfavorecido” y asegura no entender “la lentitud del proceso” para el personal de prisiones.
