La condena del último atentado de ETA sigue presente en todas las declaraciones efectuadas por los demócratas, que también han querido dejar claro que la banda terrorista está cada vez más débil y que no hay ninguna oportunidad para el diálogo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que a los terroristas no les cabe “ninguna duda” de que “tienen los días contados”, porque el Estado de Derecho les golpea con más firmeza que nunca y eso les hace débiles y les empequeñece hasta hacerles desaparecer.

Antes de sostener que los violentos “no tienen ni un último rincón del mundo al que acogerse”, De la Vega indicó que el Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces, los fiscales, las instituciones, los agentes sociales y la ciudadanía, con la colaboración de la comunidad internacional, “seguirán persiguiéndolos y pondrán fin para siempre al dolor que aún son capaces de sembrar”.

Preguntada por la resolución del Congreso que dejaba la puerta abierta a una solución dialogada del terrorismo en ausencia de violencia, De la Vega subrayó que se trata de un escenario que “no se plantea y no se va a plantear” porque el diálogo “no está encima de la mesa”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, reseñó que la banda terrorista “conserva capacidad operativa” y está “con la guardia alta”, si bien aseguró que también cada vez está “más débil y más acosada”.

Por otro lado, el lehendakari vasco Patxi López advirtió a ETA de que los vascos no van a permitir “que se alardee de la violencia en nombre de Euskadi” y que utilizarán todos los mecanismos del Estado de Derecho para “perseguir y detener” a los terroristas.

El presidente vasco lanzó el compromiso de que todos los ciudadanos de su comunidad “van a luchar decididamente contra esta banda criminal” porque, aseguró que tienen “claro” que les “podrán hacer daño, pero no van a conseguir nunca nada, porque no vamos a ceder nunca al chantaje del terror”.

Mientras tanto, el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, aseguró que “estos crímenes nos avergüenzan como vascos, nos indignan como ciudadanos y nos afligen hondamente como cristianos”.