Andalucía

El nuevo responsable de transparencia sólo necesitará el apoyo de PSOE e IU

  • La Junta propone que el director "independiente" de la agencia que vigilará las actuaciones de las administraciones públicas se vote por mayoría absoluta, como el Consultivo o el Audiovisual

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La pasada semana los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU) se pusieron de acuerdo para cesar al Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, y propusieron a Jesús Maeztu para que sea nombrado en las próximas semanas. El ejemplo, elogiado por los tres grupos, no parece que vaya a tener continuidad.

La futura ley de transparencia y acceso al buen gobierno que ultima la Junta de Andalucía (y que quiere aprobar en el Consejo de Gobierno del 4 de junio) prevé la creación de una nueva agencia "independiente" para supervisar y resolver las actuaciones de las administraciones públicas implicadas (Junta, ayuntamientos, empresas públicas autonómicas y locales, asimiladas, diputaciones y el Parlamento).

Esta agencia tendría la misma composición que otras "entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía" ya existentes. Es el caso del Consejo Consultivo y desde 2005 del Consejo Audiovisual, a las que vendrá a sumarse esta tercer agencia "independiente" con un titular que disfrutaría de "inamovilidad" en el cargo.

Su responsable, "una persona de reconocido prestigio y competencia profesional", será elegido para un mandato de cinco años por el Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, según prevé la Junta. Será entonces necesario sólo un acuerdo entre PSOE e IU, como el que se dio para el nombramiento de José Antonio Griñán para la Presidencia. El PP se quedará fuera del acuerdo, como ha pasado históricamente en estas designaciones. Está sobre la mesa la renovación del director general de Canal Sur, para el que se necesita por ley el consenso de los tres grupos.

La futura ley de transparencia obligará no sólo a la Junta, sino a todos los ayuntamientos y las diputaciones (gran parte de ellas en manos del PP) a facilitar por iniciativa propia y a petición expresa de los ciudadanos cualquier información. Sólo se plantea como límite la protección de datos, a la espera de la legislación básica que apruebe el Gobierno de Mariano Rajoy en la ley nacional prevista. La Junta baraja un plazo de 20 días hábiles para que se dé respuesta, ampliable a otros 20 en casos complicados.

Entre las tareas del responsable de la agencia estará la resolución de las reclamaciones de los ciudadanos y resolver las consultas que les hagan las administraciones. Tendrá también que presentar un informe anual de su labor ante el Parlamento. Este director estará asesorado por una Comisión Consultiva, que contará con entre 10 y 15 miembros de las administraciones y expertos.

No será el único órgano que se cree en virtud de la ley. Cada Consejería tendrá una unidad de transparencia y comisiones, como ocurre con las unidades de violencia de género. Habrá un plan operativo de cada consejería coordinado por la comisión de viceconsejeros. La relación de la agencia con la Junta la coordinará la Consejería de Presidencia.

La Junta también planea la constitución de una comisión consultiva de subvenciones que la asesore en esta materia, a sus empresas públicas y a las entidades locales. La Junta quiere que las empresas adjudicatarias de contratos y las organizaciones con subvenciones públicas rindan cuentas.

La puesta en marcha de esta ley también requiere un esfuerzo de los ayuntamientos.

El desarrollo reglamentario es tan prolífico que será complicado que esta ley esté en marcha esta legislatura, admiten algunos expertos consultados por esta redacción. La Junta espera a la ley nacional y daría unos seis meses de plazo para que la ley aprobada por el Parlamento entre en vigor, según publicó ayer esta redacción.

La publicación llevó a que los representantes del PP abandonasen ayer la comisión técnica de la Mesa de Partidos del Pacto por Andalucía y la calificasen de "paripé" por no disponer de esta información. El PSOE lamentó que el PP utilice esta "excusa" para romper la línea de trabajo en materia de transparencia "que estaba prácticamente cerrada al 90%".

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