Carboneras aprueba revisar la licencia del polémico hotel de El Algarrobico

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) aprobó este viernes el inicio del procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras concedida en 2003 al controvertido hotel de El Algarrobico, proyecto que según el alcalde Salvador Hernández (Cs) fue "un sueño que con el paso de los años se ha convertido en una pesadilla". La decisión, que supone un paso decisivo hacia la posible demolición del edificio, contó con siete votos favorables en una sesión marcada por significativas ausencias.

La propuesta salió adelante con el respaldo del alcalde, los concejales del Partido Popular y el edil no adscrito Andrés Belmonte, antiguo miembro del PSOE. El pleno se desarrolló con la asistencia de solo siete de los trece concejales que conforman la corporación municipal, lo que provocó críticas por parte del primer edil hacia los representantes socialistas ausentes: "Lamento profundamente que concejales del Partido Socialista no se hayan presentado en este pleno para debatir una licencia que se otorgó en 2003, cuando gobernaba el PSOE en Carboneras y en Andalucía".

Hernández ha subrayado que esta revisión no responde a una voluntad política sino a un mandato judicial expreso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que exige al consistorio la ejecución de sentencias firmes sobre el caso. "Estamos obligados por el TSJA, y este es un trámite más dentro del periplo, podríamos decir, del culebrón que ha sido este proyecto fallido de El Algarrobico", explicó durante su intervención.

Un conflicto urbanístico con más de dos décadas de historia

La revisión de oficio de la licencia concedida en enero de 2003 a la empresa Azata del Sol S.A. se fundamenta en el artículo 47.1.f de la Ley 39/2015, que considera nulos los actos administrativos cuando se omiten trámites esenciales del procedimiento legalmente establecido. El acuerdo plenario supone el inicio formal del expediente y la apertura de un trámite de audiencia de diez días para los interesados, paso previo a la posible declaración de nulidad definitiva.

El controvertido hotel, diseñado con 411 habitaciones y situado en primera línea de playa dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, fue paralizado en 2006 cuando ya estaba construido en un 95%. Desde entonces, el edificio acumula más de una veintena de pronunciamientos judiciales que cuestionan su legalidad tanto desde el punto de vista urbanístico como medioambiental.

La última resolución firme del TSJA, dictada en 2021 y posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo, obliga al Ayuntamiento de Carboneras a anular expresamente la licencia como condición previa indispensable para proceder a la demolición del inmueble, que se ha convertido en símbolo de la especulación urbanística en el litoral español.

Nuevos apercibimientos judiciales al consistorio

Paralelamente a la decisión sobre la licencia, el TSJA ha dictado esta misma semana nuevos apercibimientos al Ayuntamiento de Carboneras en relación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El tribunal ha otorgado un plazo de diez días para que el consistorio publique la versión corregida del PGOU, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, podría imponer multas coercitivas y ha solicitado la identificación del funcionario responsable.

Esta situación evidencia la complejidad jurídica del caso y las múltiples derivadas administrativas que ha generado durante estos años. La presión judicial sobre el consistorio se ha intensificado tras años de aparente inacción o resistencia a ejecutar las sentencias que afectan al hotel.

Al finalizar la sesión plenaria, el alcalde Salvador Hernández realizó un llamamiento público tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central para que establezcan un diálogo con el Ayuntamiento y con la empresa promotora con el objetivo de buscar "una solución menos dolorosa para Carboneras". Asimismo, advirtió sobre los peligros de continuar utilizando "el hotel del Algarrobico como arma arrojadiza entre partidos".

El impacto del Algarrobico en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

El hotel El Algarrobico se ha convertido desde su paralización en 2006 en un símbolo controvertido de la lucha entre conservacionismo y desarrollo turístico en España. Construido a apenas 14 metros de la orilla del mar, en una zona de alto valor ecológico dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el edificio ha sido objeto de numerosas protestas y acciones por parte de organizaciones ecologistas como Greenpeace, que han reclamado insistentemente su demolición.

Con una superficie construida de aproximadamente 21.000 metros cuadrados y 21 plantas de altura, el hotel representa uno de los casos más significativos de lo que muchos expertos consideran un modelo de desarrollo turístico insostenible en el litoral mediterráneo español. Su ubicación en un espacio protegido ha provocado un intenso debate sobre los límites del desarrollo urbanístico en zonas de alto valor ambiental.

Durante estos casi 20 años, el edificio inacabado se ha deteriorado progresivamente, convirtiéndose en un esqueleto de hormigón que desfigura el paisaje natural de una de las costas mejor conservadas de la península. Los costes estimados para su demolición rondarían los 7 millones de euros, cantidad que ha sido otro de los puntos de fricción entre administraciones.

¿Qué consecuencias económicas tendría la demolición del hotel?

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la posible indemnización que podría reclamar la promotora Azata del Sol S.A. en caso de demolición definitiva. Según diversos informes jurídicos, la empresa podría solicitar compensaciones millonarias por los daños y perjuicios causados, especialmente si se demuestra que actuó amparada por licencias que en su momento fueron concedidas legalmente por las administraciones competentes.

Este escenario ha provocado que tanto el Ayuntamiento de Carboneras como otras administraciones hayan mostrado reticencias a la hora de ejecutar las sentencias, temerosos del impacto económico que podría suponer para las arcas públicas. Sin embargo, los tribunales han sido claros al establecer que las consideraciones económicas no pueden prevalecer sobre el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental.

Para Carboneras, municipio de apenas 8.000 habitantes cuya economía se basa principalmente en la industria, la pesca y un turismo moderado, el caso del Algarrobico ha supuesto un lastre para su desarrollo sostenible y su imagen pública durante más de dos décadas, creando divisiones entre los propios vecinos sobre el modelo de desarrollo deseado para la localidad.