El Parlamento andaluz avanza en propuestas contra la violencia machista

El grupo de trabajo especializado en tratar la violencia machista constituido en el Parlamento de Andalucía ha aprobado su informe final que será sometido a debate y votación el próximo martes, 29 de julio, en la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. El documento, ha sido respaldado por popular, mientras que los grupos socialista y Por Andalucía se han abstenido; mientra que Vox, fiel a su táctica, ha votado en contra.

En lo que va de 2025, hasta 30 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España, seis de ellas en Andalucía.

El informe parte de una premisa fundamental: la violencia machista constituye una grave manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, representando una vulneración de derechos fundamentales que afecta a todas las sociedades independientemente de su nivel de desarrollo. El texto lo define como "un grave problema estructural al que no podemos permanecer ajenos".

Las propuestas recogidas se enmarcan dentro del compromiso del Parlamento y el Gobierno andaluz con la erradicación de la violencia contra las mujeres, en coherencia con los principios del Pacto de Estado, las obligaciones internacionales y la normativa autonómica vigente. De este modo, la finalidad última del documento es contribuir a una sociedad más justa e igualitaria para todas las mujeres en Andalucía, reconociendo que los datos evidencian que la violencia de género sigue requiriendo "una respuesta institucional firme, sostenida y coordinada".

Siete bloques de actuación

El informe estructura sus propuestas y recomendaciones en siete bloques diferenciados. El primero aborda la mejora de la coordinación institucional y territorial, donde se insta a "continuar fortaleciendo los mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones públicas", con especial atención a la cooperación con el Estado en materia de justicia, fuerzas de seguridad y políticas migratorias; si bien, este avance debe entroncar con la respuesta que ha de ejercer la administración en la obligación que le corresponde.

El segundo bloque se centra en el refuerzo de la red pública de atención a víctimas, proponiendo ampliar recursos en zonas rurales y mejorar la estabilidad de los equipos profesionales. Destaca la recomendación de "garantizar, con carácter urgente, la total implantación, dotación y funcionamiento efectivo de centros de crisis 24 horas para la atención integral a víctimas de violencia sexual".

El tercer apartado aboga por la formación continua y especializada para profesionales, mientras que el cuarto se enfoca en la prevención y sensibilización en el ámbito educativo y comunitario. El quinto bloque plantea la adaptación normativa ante nuevas formas de violencia, como la digital, que incluye el acoso en redes, control digital y difusión no consentida de imágenes íntimas.

Los dos últimos bloques abordan la evaluación e investigación de la calidad de los servicios y la atención a colectivos especialmente vulnerables y en el ámbito rural, respectivamente.

Propuestas específicas y medidas concretas

Entre las propuestas específicas, el informe plantea "asegurar, dentro del sistema público, servicios de atención psicológica gratuitos, con carácter prolongado y no limitado a la fase inicial o judicial". También recomienda consolidar una red de pisos tutelados o viviendas de tránsito para favorecer la autonomía progresiva de las mujeres y sus hijos tras salir de los recursos de emergencia.

En el ámbito preventivo, el documento propone "garantizar la implantación de 'Puntos Violeta'" en eventos públicos locales como ferias, festivales y fiestas. Asimismo, plantea incorporar contenidos educativos que promuevan relaciones igualitarias y prevengan la violencia en cualquiera de sus manifestaciones entre los jóvenes.

Otra de las recomendaciones es "impulsar campañas públicas dirigidas a hombres jóvenes, con el objetivo de combatir los discursos negacionistas y los modelos de masculinidad hegemónica", que deberán difundirse en redes sociales, plataformas digitales y entornos de ocio juvenil.

Trayectoria del grupo de trabajo parlamentario

Este grupo de trabajo fue constituido el 18 de octubre de 2023, un mes después de que el Pleno del Parlamento aprobara su creación a propuesta del PSOE-A. La iniciativa contó con los apoyos del PP-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox se opuso a su formación.

Desde su constitución, este órgano ha celebrado más de una veintena de sesiones en las que han participado representantes de instituciones, profesionales del ámbito jurídico –como la fiscal delegada de Violencia a la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, o la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona–, así como expertos del sector sanitario, educativo y social, y organizaciones especializadas en atención a víctimas.

En sus conclusiones generales, el informe sostiene que "Andalucía ha consolidado en los últimos años un compromiso político, técnico y presupuestario firme en la lucha contra la violencia de género", y matiza que la "voluntad" del Parlamento andaluz de "seguir trabajando por una Andalucía libre de violencia de género".