El PP ha registrado su querella por el caso de los ERE, en la que acusa a un total de 26 personas de estar involucrados en seis delitos relacionados con la corrupción. Tras detectarse "el nuevo fraude y el nuevo fondo de reptiles", el secretario general del PP andaluz considera que el ex presidente de la Junta de Andalucía y el actual, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, son "más culpables hoy que ayer" en el caso de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Sin embargo, para los socialistas andaluces la querella llega "tarde y mal" y sólo persigue "dañar y herir la imagen" de la Junta y del PSOE.

No sólo responsables políticos socialistas, entre los 26 personas a las que acusa el PP en su querella se encuentran intermediarios, brokers y presuntos beneficiarios de los ERE, a los que acusa de "delitos de la magnitud de la malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones . Incluso, advierten, que "no descartan y están convencidos" de la necesidad de ampliación de la demanda, que ya recoge esta posibilidad.

Los populares advierten que van a pedir explicaciones "de manera inmediata" en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía, ya que este "nuevo fondo de reptiles hace más amplia la mancha de corrupción" de la Junta de Andalucía; y los socialistas responden que con su actitud demuestran que no tienen interés en esclarecer la trama, sino en utilizar este asunto para "dañar" la imagen del Gobierno andaluz.

Pero el PP se mantiene firme en sus acusaciones y a través de su secretario general en Andalucía, Antonio Sanz, explican que "la creación de un nuevo fondo de reptiles" durante el año 2003 motivó la posible existencia de un nuevo procedimiento que podría ser "irregular" en las ayudas a empresas, pymes y familiar para la incorporación de las nuevas tecnologías "por parte de la Dirección de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la época".

Así, ha insistido en que "la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la vez que advirtió de la posibilidad de los fraude en los ERE, también lo hizo a través de otro informe en la misma fecha y a los mismos dirigentes políticos de la existencia de otro posible fraude de 87 millones de euros en esas ayudas para la incorporación de las nuevas tecnologías a pymes, autónomos y familias". Por ello, para Sanz, la Intervención General de Andalucía advirtió de que el procedimiento en este caso "era el mismo que en los ERE", y por tanto, "igualmente irregular".

Localizaciones en la intervención general de la Junta

Además, según ha subrayado el secretario general del PP andaluz, la Intervención General de la Junta detectó "una desviación presupuestaria de 43 millones de euros", dejando claro que "de la disposición de 87 millones de euros, la mitad estaba fuera de disponibilidad presupuestaria".

Ante esta situación, considera que "no se trata de la responsabilidad de un director general, sino que este nuevo fraude demuestra que éste era un procedimiento que se extendía más allá de la Dirección General de Trabajo" y abarcaba a la "Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía".

"No se trata de un caso aislado de un director general, sino de un procedimiento que se seguía de manera amplia en la gestión de la Junta de Andalucía, que afectaba a varias direcciones generales y varias consejerías", como Empleo e Innovación, ha apuntado. En su opinión, "lo más grave es que se podría haber evitado el fraude" si Chaves y Griñán hubieran "tomado las medidas, una vez que se lo advirtió la Intervención General de la Junta de Andalucía, por lo que esto hace más responsables", a su juicio, a ambos dirigentes.

Que los condenados restituyan los fondos defraudados

La querella sostiene que los responsables de haber cometido un fraude en los ERE que resulten condenados "tengan que restituir a la Hacienda Pública las cantidades indebidamente dispuestas". Así, Sanz ha explicado que en la demanda se deja claro que "en ningún caso" se pueda perjudicar a aquellas empresas o trabajadores que "con buena fe y bajo la creencia de la legalidad" de las subvenciones se acogieran a los ERE.

"En ningún caso", según ha insistido, se plantea que si como consecuencia de las investigaciones se declarara nulo el procedimiento "pudiera afectar a los trabajadores", ya que como ha matizado "una cosa es declarar nulo el procedimiento y otra es que corran peligro las ayudas de todos los trabajadores".

Y ha precisado más. Esta querella va "contra los trabajadores que se hayan acogido de manera fraudulenta a los ERE", por lo que se refiere a "los infiltrados de manera irregular, que en su mayoría son cargos públicos del PSOE y vinculados al PSOE".

En esta misma línea, Sanz ha instado a la Junta de Andalucía a investigar "los ERE muertos", es decir, aquellos en los que ya ha cumplid su compromiso, ya que "sólo ha comenzado a investigar cuando se le ha pillado con las manos en la mase y se ha visto obligada por la juez". "Los 146 casos que han sido detectados, es decir, el cincuenta por ciento de los ERE realizados por la Junta pueden incorporar intrusos ilegales, ya que de las 64 empresas investigadas, 32 están manchadas".

Por último, ha reiterado que la querella hace hincapié en la necesidad de investigar "la intervención de los brokers, donde se han engordado las pólizas de manera escandalosa y no se sabe dónde ha ido el dinero".

Las distintas respuestas ante la corrupción

La presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres, ha considerado que sea lo que sea lo que ocurra en todo el proceso que se ha iniciado a raíz de las irregularidades detectadas, ocurrirá a instancias de lo que han hecho el Gobierno andaluz, el PSOE y la justicia, pero no por la querella del PP andaluz, que más bien "hace poco y lo que hace llega tarde y sólo mirando a su propio interés".

Se ha mostrado segura de que los ciudadanos se percatan de esa actitud de los populares de Andalucía y saben que el comportamiento de los socialistas andaluces es absolutamente distinto al del PP ante casos de corrupción que afectan a sus filas o dirigentes que han sido imputados.

Mientras que el PP siempre trata de "tapar las irregularidades" que afectan a miembros de su partido, el PSOE, según ha dicho, denuncia, investiga, colabora con la justicia y deja fuera de sus filas a todos aquellos que hayan incurrido en una irregularidad. "La honradez que forma parte del ADN del PSOE tiene que ser siempre salvaguarda", según la presidenta del partido en Andalucía, quien ha insistido en que todo aquel que se vea implicado en una irregularidad será alejado del PSOE.

"No se debe quedar nada por ponerle un foco de luz, taquígrafo y transparencia al máximo, caiga quien caiga". Así se ha posicionado el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, quien ha insistido en la petición de su partido para que se llegue "hasta el fondo" en la investigación sobre las irregularidades en la gestión de los ERE, un tema que, ha dicho, "no va a terminar mañana".

"Hay mucha guita de la que tirar porque ha habido una gestión nefasta, ineficaz y muy negligente" por parte de la Consejería de Empleo en los últimos años. Valderas ha concluido que a partir de ahora "estarán encima de la mesa ERE y san ERE y otras cuestiones que vendrán, como producto de una comisión de investigación que se ha negado y no se debió vetar".