El presidente de la Junta de Andalucía y secretario general de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán, afirmó ayer que suspenderá de militancia a aquellos que, tras prestar declaración, mantengan la imputación por el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Francisco Javier Guerrero, responsable de estos fondos de 647 millones en la última década, ya fue dado de baja, al igual que Antonio Rivas, ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, y una decena de intrusos detectados en la investigación interna de la Junta. También ha sido imputado el ex consejero de Empleo de 2004 a 2010 Antonio Fernández, quien aún debe prestar declaración.

Griñán, en rueda de prensa tras la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, reclamó a otras comunidades autónomas y a otros partidos, en clara referencia a las regiones en las que gobierna el PP, que actúen de forma parecida a como lo ha hecho el Gobierno andaluz en el caso de los ERE irregulares.

De otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decidido admitir parcialmente la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra los que considera "responsables" de los "fraudes" de los ERE en Andalucía, al considerar que cometieron delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa.

El PP-A presentó ayer ante la jueza su querella, en calidad de acusación popular, contra un total de 26 personas, entre altos cargos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía.

Entre ellos se encuentra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en la actualidad presidente del Consejo Regulador del jerez. La patronal bodeguera, Fedejerez, llevará hoy al pleno de la institución el debate sobre la repercusión de la imputación de Fernández. Fedejerez se plantea iniciar el proceso que culmine con el cese del actual presidente pero no descarta una solución más apacible: invitar a Fernández a que considere su dimisión "por el bien" del Marco de Jerez.