El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, estimó ayer por primera vez la cuantía defraudada por las falsas prejubilaciones detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) apoyados por la Junta en la última década. Si el montante total que se destinó para estas ayudas sociolaborales y para empresas en crisis ascendió en este periodo a 647 millones, Griñán señaló en una entrevista con Radio Nacional  que la cantidad defraudada no llega a más del 2%, es decir, siempre inferior a los 13 millones de euros.

La cuantía la tomó el presidente de la Junta en equivalencia a los intrusos detectados por el momento en la investigación interna abierta por la Consejería por Empleo, que ha desvelado que, de los 5.273 expedientes revisados -el 95% del total de ERE vivos, es decir, de los que aún se están pagando ayudas-, 59 han cobrado sin haber trabajado nunca en la empresa afectada, es decir, el 1,1%. A éstos hay que sumar otros 87 catalogados como "discrepancias administrativas", casos que también han sido remitidos al juzgado para que la juez Mercedes Alaya determine la legalidad o no de las pólizas que reciben.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, ofrecerá previsiblemente hoy los resultados definitivos de la investigación. Falta por conocer si se han descubierto nuevos casos en el 5% de los expedientes restantes -290 trabajadores analizados- y la cuantía exacta del importe defraudado. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, confirmó ayer tras el Consejo de Gobierno las cifra anunciada por el presidente, en porcentajes cercanos al 1%, es decir, superior a siete millones.

La cifra, abundó Moreno, "nada tiene que ver" con la que intenta acuñar el PP, que "quiere descalificar" el conjunto de los fondos denunciando que el fraude se acerca a los 700 millones. En opinión de la consejera, lo que persigue el PP es "elevar el volumen" de las cantidades defraudadas, aunque incurra en una "grave responsabilidad y cuestione el derecho de unos 6.000 trabajadores honestos que nada tienen que ver con las irregularidades y nada tienen que temer sobre la percepción de sus prejubilaciones". El Ejecutivo ya informó la semana pasada de que ha dado orden para que se paralice el pago de las ayudas a los intrusos descubiertos en la investigación de Empleo.

Precisamente el consejero de este departamento, Manuel Recio, informó la semana pasada en el Parlamento de que la investigación que han llevado a cabo diez grupos de funcionarios ha finalizado, a la espera de rubricar si se han detectado nuevos intrusos.

En un comentario publicado ayer en su twitter, Recio aseguró que se encontraba a la espera de los informes de estos grupos de investigación, pero ya adelantaba que no se había detectado ningún caso bajo su mandato. Recio ocupa la Consejería de Empleo desde abril del pasado año.

También se eximió de responsabilidades, aunque en un plano muy diferente, el director general de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), Pablo Carrasco, que rechazó ayer la acusación del PP de actuar como un "comisario político" en el tratamiento de la información sobre los ERE irregulares, y aseguró que el líder del PP-A, Javier Arenas, es el que más sale en los informativos de Canal Sur hablando del asunto.

También se pronunció ayer por primera vez sobre este caso el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que precisó que la institución va a investigar por qué determinadas empresas contaron con el apoyo de la Administración para los ERE y otras no.