Reivindica que las ayudas estaban amparadas por la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, pero el error de los peritos al no analizar esta aplicación se arrastró hasta el Supremo. La defensa pregunta por qué Alaya no paralizó el pago de las ayudas si era "perfectamente consciente" de las ilegalidades.

La Audiencia fija un mínimo de 14 sesiones entre enero y marzo de un juicio en el que hay procesados cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. La Fiscalía de Sevilla reclama diez años de prisión para los ex altos cargos por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad.