El Ayuntamiento de Bollullos rectifica. En parte y no de forma explícita. Las restricciones al empadronamiento anunciadas en rueda de prensa el martes excluyen ahora a los parados pero se mantienen contra quienes no acrediten su residencia al menos con un contrato de alquiler. "Todos aquellos ciudadanos que no presenten un contrato de trabajo o de alquiler", que puntualizó el alcalde entonces. Ayer, en el comunicado emitido haciendo referencia a dicha comparecencia, el equipo de gobierno municipal (Independientes y PP) aludió a esa restricción para "todos aquellos ciudadanos que no presenten un contrato de residencia o de alquiler". Un pequeño matiz, de sólo una palabra, reforzado con la omisión total posterior de los residentes sin empleo.

La rectificación velada llegó 24 horas después de la comparecencia de la que sólo se hizo eco Huelva Información y que tuvo repercusión a escala nacional. El alcalde, Francisco Díaz Ojeda, al habla con este diario, ratificó ayer las medidas anunciadas para paliar la oleada de robos que sufre el municipio en los últimos meses. Evitó hacer mención alguna a los parados como colectivo afectado pero reiteró su idea de negar el empadronamiento a quienes no dispongan de contrato de alquiler, así como de retirar ayudas sociales a personas, según reza el comunicado, "que hayan sido detenidas en el municipio por algún hecho delictivo, incluso aunque no hayan sido juzgadas aún, ya que hay personas que se encuentran a la espera de juicios a largo plazo y siguen delinquiendo".

Desde el equipo de gobierno bollullero se insistía ayer en descartar la "xenofobia" en sus medidas y rechazan el paralelismo con Vic y su exclusión del padrón a extranjeros, pues, según puntualizó el alcalde, nadie tiene entre sus objetivos discriminar a los ciudadanos por cuestión de raza o posición social, sino velar por que "todos tengan los mismos derechos, pero también los mismos deberes".

El alcalde indicó ayer que se acabará ahora la flexibilidad en el empadronamiento y que se asegurarán de que las residencias en el municipio "cumplan los requisitos de salubridad y dispongan de cédula de habitabilidad", apuntando directamente a ocupaciones de vivienda: "Evitar que alquien pegue una patada en la puerta, se introduzca en una vivienda", se empadrone, delinca y, a su vez, se beneficie de la cobertura social que presta el Ayuntamiento, explicó.

El comunicado municipal enviado ayer reconoce además, de forma implícita, que la falta de certificado de empadronamiento impide "realizar trámites como la solicitud de regularización o permisos de residencia y trabajo, la tarjeta de asistencia sanitaria, subvenciones o la inscripción escolar de los menores, entre otros derechos".

Del mismo modo se reiteró la llamada a la población para no contribuir "a una mal llamada solidaridad que favorezca la medicidad".