Provincia

Las ONG advierten del peligro de alentar el rechazo entre los vecinos

Rechazo pleno. E incredulidad. Diferentes organizaciones de la provincia de Huelva mostraron ayer su sorpresa por el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado. No creen que prospere por falta de base legal, claman contra la criminalización de un sector de la población, y, más aún, temen que se haya hecho ya daño al generar entre los vecinos un "sentimiento colectivo" de rechazo "hacia todo lo que viene de fuera".

"Es una medida que, como mínimo, excede de los normal en un Estado de Derecho". El presidente de Cáritas Diocesana Huelva, Julio González, alertó ayer a este diario del peligro de "dar lugar a pensar que pobreza es sinónimo de delincuencia". "Parece que por un lado están los que tienen y, por otro, los que no tienen. Y los que no tienen, ya sólo por eso, son sospechosos".

González cree que hay que mirar detenidamente las repercusiones de las medidas anunciadas "y ver si tienen sostén legal". Apunta a la posible inconstitucionalidad de las mismas, al tiempo que recuerda que no se puede generalizar porque, por ejemplo, "cualquier vecino puede estar viviendo en casa de unos amigos".

"Lo más triste de todo esto -aseguró el responsable de Cáritas- es que se azuce entre los vecinos el sentimiento colectivo de rechazo a lo que venga de fuera", cuando, recordó, "cualquier persona local puede delinquir tanto como la gente forastera".

Para Julio González, ante la situación que sufre el municipio, es necesario "actuar contra personas concretas, siempre salvaguardando su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pero no criminalizar a un colectivo, bien porque no sea del pueblo o porque no tenga unas mínimas condiciones económicas".

La responsable de Huelva Acoge, Isabel Domínguez, señaló que "los servicios sociales no están para negar su ayuda a personas en desempleo sino para ayudar a los más vulnerables". "Esto deja a un municipio en una situación aún peor de la que ya se encuentra".

"Si realmente quieren restringir el empadronamiento -añadió- que sea siempre en base a la legalidad". Aunque cree que la decisión del equipo de gobierno bollullero "quedará en agua de borrajas porque no tiene sentido y no se en qué medida encuentra respaldo legal".

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Huelva (APDH), su presidenta, Mila Garaialde, dijo que "no se puede atajar un problema poniendo más trabas, poniendo en más dificultades a quienes peor lo pasan". "No se puede criminalizar a los inmigrantes ni a ningún colectivo, como si fuera pecado o delito serlo. Los políticos están para solucionar pero de esta forma aumentan el problema", afirmó.

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