Las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones pese a las medidas adoptadas por el Gobierno central para el campo. El plan ha sido bien recibido en parte, aunque es considerado insuficiente y adolece de algunos flecos, como es el caso de la entrada en la UE de productos procedentes de tercero países.

El Consejo de Ministros ha aprobado modificaciones a la ley de la cadena alimentaria, entre las que destacan las sanciones por la venta de alimentos por debajo de su coste de producción, una práctica que se prohíbe, y una de las reivindicaciones de los agricultores.

La medida pretende forzar a que se mejoren los precios en origen o, al menos, a que se cubran los costes para evitar la venta a pérdidas. Para lograr una formación de precios más transparentes se buscarán diversos mecanismos.

El secretario general de UPA Huelva informó a este diario que su organización mantiene la tractorada prevista para hoy en la frontera de Portugal por el “futuro del campo” onubense.

La concentración incluye un recorrido con vehículos agrícolas (coches, furgonetas, camiones y tractores) que se iniciará en la salida 129 de la A49, con posterior ocupación de la calzada derecha de la autovía dirección Portugal hasta la salida 131 de la misma autovía.

UPA apunta al control de los productos de terceros países y Asaja a los impuestos

A la tractorada está previsto que asistan agricultores, alcaldes de zonas productoras, consumidores y representantes del sector de los frutos rojos de Huelva.

Los agricultores que participarán en la manifestación regalarán fresa para compensar las molestias que puedan ocasionar por el corte en la carretera, por lo que a cambio los afectados recibirán una tarrina de fruta.

La concentración da continuidad a las reivindicaciones que han realizado los agricultores y ganaderos en el resto del territorio nacional por la situación límite que vive el campo.

La tractorada se desarrollará en un entorno estratégico como es la frontera con Portugal, lo cual dará una visibilidad a la protesta desde la perspectiva del carácter transfronterizo de la provincia de Huelva. Además se realizará en un momento de tránsito turístico a las vísperas de un fin de semana festivo y en una zona agrícola y ganadera muy relevante en la provincia.

Los agricultores reivindican precios justos por ley, la prohibición de venta a pérdidas, sanciones ejemplares y el control de los productos de terceros países, entre otras. UPA considera necesario que se tome una serie de medidas para que las explotaciones sean rentables, para que no se especule con los precios de los productos agrícolas y ganaderos y para asegurar el futuro del campo.

Difícil aplicación

Las medidas aprobadas son “claramente insuficientes” y algunas de ellas incluso tienen “difícil y compleja aplicación real”, según el presidente de Asaja-Huelva, José Luis García-Palacios. Para la organización agraria, que ha convocado una movilización para el 5 de marzo, aunque “hasta un cierto punto la distribución tiene su parte de responsabilidad, la realidad es bien distinta”.

En su opinión, “el impacto fiscal que pesa sobre las materias primas hasta que llegan al consumidor es del 40%, ese 40% son impuestos, algo de lo que el Gobierno evita hablar en todo el momento y que sin embargo es un buen escenario en el que podría trabajar, reduciendo el impacto fiscal en esa excesiva tributación, de forma que se siguieran manteniendo los beneficios de la cadena alimentaria, que por otra parte son imposibles de eliminar, porque no creemos que el mayor productor agrícola de este país se pudiera permitir tener una cadena de tiendas para vender solamente sus productos. Sería absolutamente inviable desde cualquier aspecto”.

A los impuestos se suman, según Asaja, los costes de producción que soporta el sector y que constituyen una cuestión que califica de multidisciplinar, y que van desde las tasas impositivas, los trámites y trabas burocráticas, las dificultades para cumplir las normativas con un retorno de inversión que se demora en el tiempo y que hacen poco atractiva la inversión en el sector agrario.

También repercute, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, “un aumento brusco e inasumible puesto que no podemos repercutirlo a nuestros productos a la hora de la venta y no sabemos, además, si el consumidor podría admitir”, señaló García-Palacios.

Asaja cuestiona la nueva norma de introducir el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones de compraventa y el establecimiento de ese coste de producción, que conllevará un porcentaje que asegure la rentabilidad del agricultor.

Además, reclama las infraestructuras pendientes desde hace décadas “imprescindibles no ya para impulsar nuevos regadíos, sino para mantener los que hay y si nos apuras, para garantizar el suministro a la población, como es el caso del túnel de San Silvestre”.