Los alcaldes y alcaldesas socialistas de la Cuenca Minera han exigido al Gobierno andaluz que emita “sin más esperas ni más excusas” la nueva Autorización Ambiental Unificada (AAU) a la mina de Riotinto, un documento que “lleva más de cuatrocientos días paralizado, olvidado y bloqueado”.

Los regidores no entienden que una autorización de la que depende la continuidad de la actividad minera “lleve más de un año guardada” en el despacho de la titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que “ha olvidado sus competencias y no ha trabajado con agilidad en la redacción y tramitación” de la nueva autorización, han indicado.

“Resulta vergonzoso que el anterior Gobierno, que fue trabajando en el asunto para que la mina sufriera lo menos posible y con ello sus trabajadores, inició el procedimiento para dejar el documento listo a falta de completar los trámites administrativos que requería el recurso”, añadieron.

Los alcaldes y alcaldesas han explicado que no se pudo finalizar porque el recurso de la empresa no se falló hasta el 20 de noviembre de 2018, solo doce días antes de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre que, “aunque ganó el PSOE, el PP pactó con Cs y Vox para lograr la investidura y formar un gobierno que ha sido incompetente para resolver los trámites que restaban y emitir” una nueva autorización.

El 20 de noviembre del 2018 se conocía que el Tribunal Supremo (TS) confirmaba la anulación de la autorización a la mina de Riotinto (concedida en marzo de 2014) al no admitir el recurso de casación de la empresa Atalaya Riotinto Minera contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en septiembre de 2018, que anuló ese permiso por un defecto de forma.

Según la providencia, por “falta de fundamentación” y porque “carecía de interés casacional”; la sentencia del TS argumentaba que la autorización firmada el 27 de marzo del 2014, no es nula de pleno derecho, aunque carecía de documentación administrativa que no fue expuesta a información pública, requisito que el TS exige que se cumpla. Lo que se está haciendo, pues, es arreglar el proceso administrativo, con los documentos requeridos, según la sentencia.