Siempre que sale a la luz que algún personaje ha sido imputado -ahora se dice investigado- me resisto a hacer una condena pública, piense lo que piense a partir de lo que se conozca a través de los medios de comunicación. La razón es que en ese momento no hay una sentencia judicial ni ha habido un proceso previo en el que la persona en cuestión haya podido defenderse para demostrar su inocencia o presentado las pruebas y argumentos que sitúen su responsabilidad en el justo término de lo que se le acusa, si es que es culpable, y no son una ni dos quienes después de haber sido imputadas han salido indemnes o con menos condena de la que se esperaba. No obstante, otra cuestión diferente es la valoración y exigencias políticas que haya que realizar cuando quienes se enfrentan a esa situación son cargos institucionales, porque ahí entran en juego las manifestaciones habidas anteriormente en casos similares por parte de los distintos partidos cuando ha sido un adversario el que tiene que habérselas con la justicia. ¿Y cuál ha sido la postura habitual de todos? Pues, cuando les toca, la de escurrir el bulto, apelando a la presunción de inocencia, o poniéndose en contra de la creación de una comisión de investigación y, cuando no, la de poner como los trapos a los contrarios, además de pedir dimisiones e intentar que se formalice esa comisión citada. Ahora mismo, Pablo Iglesias no está ni siquiera en condición de investigado. De momento, lo que hay es que el juez García Castellón ha elevado al Tribunal Supremo (TS) sus conclusiones en la que se pide proceder contra él por los delitos de daños informáticos, descubrimiento de secretos -con agravante de género- y denuncia falsa o simulación de delito. Si aplicamos lo comentado al principio, al no estar imputado, habría razones para justificar que no dimita o que no sea cesado por Pedro Sánchez. Sin embargo, ¿Iglesias, Echenique, Montero, Monedero y otros de Podemos tienen fuerza moral para ampararse en la presunción de inocencia o en impedir una comisión -como han hecho- con lo que ha salido por esas boquitas cuando han sido otros los afectados, sobre todos, los del Partido Popular? Y lo mismo se podría afirmar de Pedro Sánchez, ¿la tiene para que no lo cese porque confía en TS, después de todo lo que le espetó a Rajoy, apoyar una comisión para el caso Kitchen y no hacerlo para el de Dina? No la tienen, pero la realidad es que, salvo un milagro, no habrá ni dimisión ni cese. Por eso, me pregunto: ¿Hay vergüenza?