Corrupción y gobernabilidad

Un caso de corrupción cambió nuestra gobernabilidad. La mayoría parlamentaria que aprobó la moción contra Mariano Rajoy en el año 2018 y en la que participaron las izquierdas y los partidos independentistas y nacionalistas, no ha sido contingente. Dicha mayoría constituye desde entonces, en nuestro sistema de partidos, la única fórmula de gobierno para la izquierda, como lo es para la derecha, que antes había podido gobernar con el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes, el apoyo de VOX. La moción de 2018 tuvo así unos efectos constitucionales determinantes. Fue un momento constitucional que provocó, a la postre, una reconfiguración adaptativa en el propio PSOE, que ha incorporado a su agenda las exigencias de negocios jurídicos con otras formaciones políticas, como la amnistía o el concierto económico catalán, que no sólo contradicen su posición política anterior sino la propia comprensión que este partido afirmó tener del marco constitucional. En ese tránsito, el Gobierno ha generado una intensa sensación de inseguridad en buena parte de la sociedad española que es paralela a una pérdida de credibilidad de instituciones estatales elementales –muy especialmente del Tribunal Constitucional– provocada por el desprecio a la apariencia de imparcialidad en la designación de cargos. No obstante, las artes audaces para el mantenimiento de la gobernabilidad no han sido suficientes para lograr algo tan elemental como la aprobación de unos presupuestos. Ni siquiera el Gobierno ha cumplido con el deber constitucional de presentarlos, sin que se haya considerado esto motivo suficiente para disolver las cámaras. La consigna ha sido el horizonte 2027. Ahora bien, si en la legitimidad de origen de este Gobierno está el castigo de la corrupción, el crudo material conocido, que implica a los dos hombres de mayor confianza en la carrera política del Presidente, no puede no afectar a la legitimidad de ejercicio del ejecutivo. La acción de Gobierno está ahora mismo comprometida por una falta de veracidad. En esta situación, cualquier iniciativa legislativa de calado, muy especialmente las que afectan a la reforma de la justicia, difícilmente será creíble para buena parte de la sociedad española. La presunción de que existe una confusión espuria del interés público y el privado es inevitable. La imagen del último secretario de organización, negociando la ley de amnistía, da cuenta del tremendo coste político y social que puede tener, en este contexto, continuar con un sucedáneo artificial de la gobernabilidad hasta el 2027.