La reciente obligada dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE, que ha dado lugar a la sustitución en el cargo de Elena Sánchez, profesional en la televisión pública desde 1984 y que actualmente pertenecía al Consejo de Administración del ente televisivo nacional a propuesta del PSOE, ha dado lugar a las polémicas habituales en torno a la libertad de expresión, la independencia de los medios y la pluralidad informativa, entre tantos otros argumentos que suelen esgrimirse en estos casos y que por supuesto se ponen en tela de juicio cuando se aplican a una cadena pública que pagamos todos los españoles y que por lo general está más al servicio de los intereses del gobierno que de los ciudadanos. Tras el breve y polémico mandato del dimitido, llama la atención una de sus frases en la carta dimisionaria: "pese a los esfuerzos ímprobos realizados por algunos de sus componentes ya no se dan las condiciones mínimas para el consenso transversal, ni para la conformación de una mayoría plural, estable y coherente; y, en muchas ocasiones, ni tan solo el clima propicio al diálogo que necesitamos para culminar el proyecto", afirmaba Tornero, sobre la "gobernabilidad de la empresa". Uno se pregunta ¿Quién establece los criterios de actuación en la casa?

En este desbarajuste político que vivimos con intolerables injerencias del gobierno en materia fiscal, de efectos revanchistas en los impuestos, desgobierno en Cataluña más pendientes de sus obsesiones independentistas y excluyentes que de la gestión de la comunidad, del empeño del ejecutivo en impedir la constitución del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de la mediación del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, además de cuantos problemas y contrariedades sufre la economía de nuestro país, lo que nos faltaba para comprobar amargamente que hay termas que no cambian, si no es para peor, tenemos el nombramiento de esta nueva mandataria de la televisión pública, que no es más que potenciar en ella la mano del gobierno porque, al parecer, quien la dirigía permitía demasiadas críticas y participantes en sus debates de analistas un tanto contrarios al poder gubernativo. No resulta difícil identificar la intervención de sus socios podemitas empeñados desde el principio en dominar los medios informativos públicos. entre otras pretensiones de ocupar puestos de poder con métodos discutiblemente democráticos con su irrefrenable populismo-progresismo, la habitual expresión o trampa saducea propia de la izquierda.

Como las encuestas no son favorables a la coalición de gobierno, incapaz de gestionar la inflación disparada, se toca a rebato, se extreman los insultos, estallan las batallas fiscales y se ocupan los medios informativos públicos para dinamitar la pluralidad informativa, vulnerar la libertad de expresión y el libre ejercicio de la información, valores estos que afianzan y avalan el Estado de Derecho y legitiman la auténtica democracia.