Si algo provoca la situación política española es preocupación, incertidumbre, zozobra, desasosiego… Y añadiría algún término más para identificar más exactamente tanta inquietud. Lo leíamos en este periódico el día 6, jornada en que celebrábamos la Constitución, aunque no sea necesaria una fecha tan transcendental en nuestra Historia para tener que recurrir a diario a un texto imprescindible en nuestro democrático Estado de Derecho, para invocar sus principios porque diaria y desgraciadamente también, se intenta conculcar por parte de aquellos que, estando en el gobierno o apoyándolo, tratan por todos los medios de incumplirla o sencillamente trabajan denodadamente por enmendarla a su gusto o definitivamente fulminarla y con ello la génesis de nuestro ordenamiento jurídico y democrático. El ejecutivo en este disparate hace como los malos árbitros: no sanciona las faltas de quienes incumplen las reglas de juego, las gratifica.

Nuestro diario se hacía eco de la "preocupación máxima" que expresaba el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un organismo del Consejo de Europa, sobre la parálisis que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, aconsejando que su desbloqueo debería tener un "carácter prioritario", tras cuatro años sin ejecutar la renovación interna a la que está obligado, mostrando, además, su inquietud por la politización de este órgano de poder de los jueces. Venía a reiterar la recomendación de otras instituciones de la Comunidad, en la que se ha insistido repetidamente hace ya tiempo. De aquí que lo que denominamos poder haya que ponerlo en duda mientras se atente contra su independencia y su separación del poder ejecutivo. Pero así es cuando vivimos, o malvivimos, constitucionalmente hablando, entre las imposiciones insaciables y excluyentes, estranguladoras de la unidad nacional - Otegui alardea de que el gobierno de Sánchez tiene presupuestos gracias a los que quieren "marcharse" de España - nacionalistas e independentistas que dictan nuestra política, yugulan nuestra convivencia e impulsan la destrucción de los mecanismos del Estado de Derecho que tanto nos costó conseguir.

Pero con una sociedad civil ensimismada, abstraída y lanar, una en sus problemas económicos y de supervivencia y otra - más acomodada - en su consumismo compulsivo, sus despilfarros y sus puentes vacacionales, las veleidades de nuestros gobernantes para mantenerse en el poder se van imponiendo entre la ambigüedad de unos - la ministra Robles dice un día que "el Código Penal no está para resolver problemas políticos" y al día siguiente afirma que hay que favorecer la convivencia - y el descaro de otros: el presidente asegura que "hay que sacar el debate político de los juzgados", en rotundo desprecio a la Justicia. Y así se cambian las leyes, sedición, malversación, elección de los jueces…¿el referéndum? Todo para beneficiar a los golpistas agraciados por tan favorables auspicios