No son pocos los que han pregonado el final del bipartidismo. Tienen razón si se refieren a las elecciones más recientes, pero con respecto al futuro mejor que no lo aseguren porque, en el fondo, todos los partidos albergan la esperanza de mayorías absolutas y de que, como mucho, solo haya una formación más con capacidad de arrebatarles el poder. Únicamente ellos y nosotros. Y si alguno más asoma la cabeza, que su representación sea meramente testimonial. Así, o se está gobernando o se es la sola alternativa viable.

Por tanto, puede resultarnos idílico que las diversas sensibilidades políticas que anidan en la sociedad se reflejen en las diferentes instituciones, pero si ponemos los pies en el suelo nos es fácil comprobar que no se ha hecho ni se hace nada para lograrlo. Para que ese desiderátum se convierta una realidad harían falta, al menos, tres cosas. La primera es la modificación de la ley electoral a la que los partidos critican, por los criterios territoriales y por el sistema D'Hont, mientras no son una fuerza hegemónica o casi. Si lo consiguen o creen que lo serán, la crítica y el cambio legislativo se olvida, argumentándose que hay otras necesidades más perentorias. La segunda es que las formaciones tienen que abrirse a negociaciones que posibiliten acuerdos, incluso entre las que son muy diferentes porque hay cosas en las que pueden coincidir o porque se unan voluntades por encima de las diferencias para la consecución de objetivos prioritarios. Esto es lo que debería ser en circunstancias como las actuales en las que, por ejemplo, se da una fragmentación del Congreso de los Diputados, pero que no se cumple. Y no se cumple porque la tendencia es a la radicalización, instalada desde hace unos años, como un modo de eliminar o reducir al máximo a los contrincantes políticos, a costa de relegar la búsqueda e implementación de soluciones de las demandas sociales.

Por tanto, no es el problema la fragmentación política existente sino la cerrazón contra el adversario y la negación a los acuerdos. Por último, si queremos esa mayor proporcionalidad en las instituciones, los ciudadanos tendríamos que ser menos rígidos y aceptar que el partido al que votemos negocie y acuerde en todos aquellos temas que nos unan a los demócratas, sin que después los castiguemos por ese proceder; creo que sería la mejor estrategia para combatir a los extremismos que están brotando, que nos acechan y que son un peligro para la convivencia, las libertades y los derechos.