¡cuánto se alardea de trasparencia y que opacas resultan tantas actuaciones de gobierno o de tantas administraciones! Es fácil advertir con que ensañamiento se denuncia cualquier desliz del adversario político y que celo se guarda para ocultar el error propio. Nunca fue más apropiado aquello de "ver la paja en el ojo ajeno y no verla en el propio" (Lucas 6,41 y Mateo 7,3). En la política española esto es habitual y con más énfasis, si cabe, en las comparecencias del ejecutivo en el Congreso de los Diputados, donde últimamente no sólo no contesta a las preguntas de la oposición si no que aprovecha estas interpelaciones para desvirtuar o instrumentalizar las respuestas y de paso recurrir a la ofensa o la acusación. Es el caso del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ministro para todo, que, lejos de contestar a la pregunta que sobre Memoria Democrática le hizo la diputada Carolina Tellechea, del Grupo Parlamentario Republicano, la emprendió contra el Partido Popular inquiriéndole sobre el aborto. Argucias injustificables e irritantes cuando no se dispone de otro tipo de recursos dialécticos y políticos.

Hace mucho tiempo que denunciamos aquí el galopante y abusivo intervencionismo de este gobierno de coalición, o de colisión, dadas las circunstancias y su permanente crisis. Todo lo cual se ha traducido en una autocracia cada día más evidente. De ahí la hemorragia de leyes por decreto y otras apropiaciones de diversas instancias del poder. Y de ahí también una intolerable injerencia, la última de la cuales ha afectado a Andalucía. Se trata de la creación por el gobierno de la Nación de un impuesto para gravar las "grandes fortunas", lo que va contra la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio que contribuiría a concentrar inversiones y atraer capitales, abundando en la evidencia de que una rebaja impositiva no supone una menor recaudación ya que aumentaría la base de contribuyentes. Con toda razón el gobierno andaluz califica esta decisión de invasión en sus competencias y una limitación de su capacidad de actuación legítimamente reconocida por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, lo que avala el Consejo Consultivo con sólidos argumentos jurídicos y justifica su apelación al Tribunal Constitucional, quien decidirá sobre la justa autonomía política.

La determinación del ejecutivo parece una clara consecuencia de ese "efecto indeseado" - del que nadie asume responsabilidades - que proviene de las influencias ideológicas - generalmente tóxicas y propicias al insomnio que tanto temía Sánchez - de sus socios de gobierno con quienes, a la hora de componer estas líneas, parece que no hay acuerdo en el conflicto de la rectificación o reforma de la Ley Orgánica de la Libertad Sexual, la llamada "del solo el sí es sí", una fatal secuela del sectarismo ideológico, como ya escribíamos en anterior columna.