La falta de una explicación convincente ha permitido que la salida del país del padre del Rey se preste a las peores interpretaciones. Creo que la más correcta es definirla como una forma de extrañamiento -expatriación punitiva, para José A. Zarzalejos-, como un nuevo cortafuegos para intentar frenar la grave crisis reputacional que sufre la monarquía. Aunque, de momento, parece que sólo esté sirviendo para facilitar las cosas a sus enemigos que se han apresurado a afirmar una miserable falsedad carente de fundamento: que se trata de una huida para escapar a la acción de la Justicia.

Que entre ellos se cuenten los líderes de Podemos en el Gobierno es una gravísima irresponsabilidad: no se puede pedir unidad para sacar el país de la profunda crisis que sufrimos, mientras se atiza una de las cuestiones que más pueden dividir a la sociedad española y al propio ejecutivo. No se puede plantear, en momentos de tanta dificultad, caprichosos referéndums sobre cuestiones que forman parte del núcleo central de nuestro sistema constitucional. El mismo sistema que nos ha dado las mejores décadas de nuestra historia y nos ha permitido resolver algunos de nuestros problemas históricos: el aislamiento internacional, la cuestión militar, el centralismo y las atávicas desigualdades sociales y territoriales, etc. etc.

Como miembros del Ejecutivo, resulta peligroso que estos líderes participen de la estrategia de los que, en palabras del profesor Ángel Rodríguez, "esgrimen la instauración de la República como señuelo emocional para acabar con el pacto constituyente", olvidando que cualquier parecido de la España de hoy con la de abril del 31 es pura coincidencia. No estamos los españoles divididos entre monárquicos y republicanos: no hace falta ser monárquico para defender la monarquía parlamentaria y la vigencia del pacto constitucional. Tan legítimo fue en su día aceptar la monarquía como lo puede ser en el futuro instaurar la República, si es fruto de un acuerdo social de igual naturaleza que el que hizo posible la Constitución del 78.

El presidente Sánchez ha actuado con reflejos y responsabilidad, no sólo por su obligación de defender las instituciones del Estado sino, como él mismo ha señalado, porque sería un grave error dejar la defensa de una institución constitucional en manos de la derecha. Favoreciendo su estrategia de patrimonializar de forma sectaria y partidista símbolos e instituciones que son de todos.