En España la decisión de la juez de dejar en libertad provisional con cargos, pero sin medidas cautelares, a la presunta secuestradora del recién nacido que después abandonó en el felpudo de una vivienda causa sorpresa e indignación. La propia acusada ha solicitado su ingreso en una institución psiquiátrica. Los expertos descartan un trastorno mental psicótico y apuntan "a una personalidad infantil con dificultades para reconocer las consecuencias de sus actos además de haber alimentado un embarazo patológico", informa El Correo. La familia de la secuestradora pide que cese "el circo" mediático, olvidando que lo montó quien se disfrazó de enfermera para secuestrar un recién nacido poniendo en peligro su vida. En cualquier caso, tanto por su propio bien como por el de los demás, la decisión de dejarla en libertad es difícilmente comprensible. Los padres del bebé, lógicamente, se han apresurado a pedir una orden de alejamiento.

En Francia cuantos más detalles se van conociendo del atroz asesinato, precedido de abusos sexuales y seguido de descuartizamiento, de la pequeña Lola, la niña de 12 años cuyo cuerpo apareció en una maleta en el patio del edificio del que sus padres eran conserjes, mayor es la tensión social y política. Les ahorro los detalles que superan la más brutal serie de horror. Lo que se va sabiendo de Dahbia B., la presunta asesina, es el detonante de estas tensiones: una joven de origen argelino que residía ilegal o irregularmente en Francia desde 2016, adicta a las redes sociales y con una fría personalidad carente de empatía. Todo se maneja -venganza contra la madre de la víctima (la hermana de la presunta asesina vivía en el inmueble en el que trabajaban y vivían los padres de la víctima), traumas de quien afirma haber sufrido violencia sexual, ritual macabro asociado a obsesiones patológicas- y nada se sabe aún a ciencia cierta. La extrema derecha utiliza el asesinato para denunciar las políticas de inmigración y la dejadez en la aplicación de las leyes vigentes (la asesina tenía una orden de abandono del país) obligando a la familia a hacer público un comunicado exigiendo que "cese inmediatamente toda utilización del nombre y la imagen de su hija con fines políticos". Lo que no obsta a que Francia, como otros países europeos, afronte el desafío de la acogida e integración de los inmigrantes regulares o irregulares.