Un centenar de personas -poetas, escritores, editores, artistas, profesores universitarios y periodistas en su mayoría- ha firmado un manifiesto que denuncia el abandono de Fuentepiña, la finca de verano de Juan Ramón Jiménez (en cuya obra tiene una importancia capital) que desde hace una década sufre la desidia, el abandono institucional y hasta la presencia de okupas.

El manifiesto, que hace tres semanas comenzó a distribuirse a través de correo electrónico, argumenta que Fuentepiña, "casa de campo familiar, origen de mucha de la imaginería poética de Juan Ramón Jiménez y donde descansan los restos de Platero, está en un estado de abandono vergonzoso que obliga a los responsables públicos a tomar con carácter urgente medidas para rehabilitarla y darla a conocer".

Del mismo modo, el escrito considera que "no es posible celebrar Centenario ninguno de Platero y yo sin que un compromiso real por parte de la Autoridad garantice la conservación de Fuentepiña", al tiempo que considera que "sigue siendo una asignatura pendiente" la gestión y promoción del patrimonio del poeta más de medio siglo después de su muerte.

Situada a dos kilómetros escasos de Moguer, esta casa de campo fue embargada a la familia del poeta y el padre de su cuñado, José Hernández-Pinzón, la adquirió.

Desde entonces, aproximadamente al principio de los años 20, los Hernández-Pinzón fueron los propietarios de Fuentepiña, si bien ahora está en manos de Elisa Hernández-Pinzón Pérez-Ventana, hija de un primo hermano del padre de Carmen Hernández-Pinzón, sobrina nieta y legataria de Juan Ramón.

Cerrada a cal y canto, este espacio es una propiedad privada que perdió su protección patrimonial del año 2004 como Bien de Interés Cultural (BIC) cuando el TSJA dio la razón a sus propietarios, que recurrieron ante la indefinición de las fincas a las que afectaba la declaración y al entender que la Administración autonómica no les notificó en tiempo y forma esta declaración.

Poco después la Junta recurrió ante Tribunal Supremo al considerar que no habría que notificar la declaración, sino que bastaría con publicarla en el BOE. Sin embargo, a finales de 2010, los juzgados volvieron a dar la razón a los propietarios. No obstante, la Administración autonómica anunció en verano de 2011 que reactivaría la declaración BIC del inmueble, algo que no ha ocurrido tal y como se constata consultando el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz, en el que el inmueble no consta.

En cualquier caso, desde la Junta siempre han mantenido que el espacio no está desprotegido al contar con otra figura de protección previa, si bien es estatal: el espacio está incluido en los Lugares Colombinos, un conjunto histórico-artístico declarado por el Ministerio de Educación y Ciencia hace 44 años, en base al Decreto 553/1967, de 2 de marzo, firmado por Francisco Franco, que declaraba conjunto histórico artístico a los sectores de Palos de la Frontera y Moguer.

El conjunto vendría a ser una especie de ruta en torno a aquellos lugares de la provincia de Huelva que tuvieron una especial relevancia en la preparación y la realización del primer viaje de Cristóbal Colón, que dio como resultado el descubrimiento de América.

En cualquier caso, en la efeméride bautizada como el Año Platero, tanto la casa como el "pino grande", a cuyos pies descansa literariamente el burrito, siguen olvidados. El Ayuntamiento de Moguer intenta sin éxito negociar desde hace años con la propietaria de la finca el alquiler de este inmueble, si bien la ley de Patrimonio Histórico Andaluz determina que en el que caso de que los propietarios de un bien del Patrimonio Histórico Andaluz, catalogado o no, no lo conserven, la consjería competente en materia de patrimonio (en este caso Cultura) puede ordenar a sus dueños a ejecutar obras o a adoptar las medidas necesarias para su custodia.

Del mismo modo, la normativa ofrece otra salida: la Consejería puede imponer multas coercitivas cada mes en que se mantenga la situación de desobediencia, por importe máximo (cada una del 10% del coste de las obras o actuaciones impuestas) o bien la ejecución subsidiaria de las mismas.

En último lugar, puede proceder a la expropiación total o parcial del bien "por causa de interés social". A juzgar por el estado de Fuentepiña, ninguno de estos extremos han sido abordados.

Según denuncia el manifiesto, "existen Leyes en España, en Andalucía, para proteger el Patrimonio Cultural más allá de quienes sean o no sus propietarios, y que sólo la desidia o la falta de interés explican la situación a la que se ha llegado en este caso".