Los sindicatos onubenses han protagonizado una concentración en la puerta principal del Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital para protestar contra la Orden de 8 de noviembre, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

En virtud de dicha orden, además de la suspensión de permisos, se permite la modificación de la jornada, turnos y descansos que se estimen oportunos, así como la posibilidad de realizar jornadas laborales de hasta 14 horas diarias durante siete días seguidos, "garantizando únicamente 70 horas semanales de descanso".

Igualmente, las disposiciones contenidas en esta orden posibilitan la movilidad de los profesionales a distintas unidades, centros o áreas, lo que obliga a dicha movilidad en centros y entre distintos centros y localidades. Además, se contempla la posible asignación de tareas correspondientes a una categoría o especialidad distinta a la que se ocupa.

Tampoco se permiten las excedencias por cuidados de familiares e hijos, las reducciones de jornada, la jornada mínima de trabajo, los periodos mínimos de descanso entre jornadas y se suspende la exención de guardias a mayores de 55 años.

Esta orden, firmada ayer domingo y publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), "sin negociación previa" con las organizaciones sindicales, supone "un atropello a los derechos de los trabajadores de la sanidad pública, al suprimir todos los permisos, licencias y vacaciones, y al disponer, a discreción, de los turnos y de la movilidad de los profesionales”, defiende CSIF.

Por ello, CSIF se ha movilizado hoy como acto de rechazo a esta “política dictatorial que atenta contra los derechos básicos de los profesionales de la sanidad pública, quienes están dejándose la piel en la lucha contra esta pandemia”, ha lamentado César Cercadillo, responsable provincial de Sanidad de CSIF. “Una vez más se penaliza a los profesionales de la sanidad pública, que están exhaustos. Es un nuevo atropello de la Administración, que puede hacer y deshacer a su antojo, con la excusa de la pandemia, a costa de los profesionales, que ven cómo sus derechos se reducen a nada”, ha insistido Cercadillo.

Por otra parte, la central sindical ha considerado que la Administración sanitaria ha procedido con “nocturnidad y alevosía”, al comunicar este domingo a las organizaciones sindicales “como hecho consumado” el contenido de la orden, “que constituye una total imposición por parte de la Administración y que representa la mayor vulneración de derechos en décadas para este colectivo”. Ante ello, CSIF estudia emprender acciones legales.

Esta opinión también es compartida por la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Huelva, la cual, considera que esta orden da "una patada a los derechos de unos 120.000 trabajadores del Sistema Sanitario Público andaluz".

El sindicato lamenta que el Servicio Andaluz de Salud "no tenga actualizada la bolsa de trabajo", al tiempo que critica que las contrataciones sean un "auténtico caos". Así, UGT señala que el SAS "quiere rematar su maltrato a los trabajadores que se están dejando la piel en nuestro centros sanitarios".