Pasan los años y todo permanece igual. La capital onubense sigue presentando la misma estampa, aquella protagonizada por construcciones emblemáticas que, sumidas en el más profundo abandono, van deteriorándose, una situación a la que también ha contribuido la nueva realidad marcada por el coronavirus, en la que se han frenado muchos proyectos urbanísticos. 

Se trata de señas de identidad de la ciudad, construcciones únicas, que forman parte del patrimonio arquitectónico onubense, en las que las obras de rehabilitación se paralizan al poco de ser iniciadas quedando sine die su continuación o en las que las actuaciones de mejora no son consideradas una prioridad. A todo esto se unen interminables procesos de cesión entre administraciones o de adquisición a particulares para poder recuperarlas y darles otros usos.

Entre las edificaciones que fueron objeto de proyectos de reforma que quedaron paralizados se encuentra el antiguo edificio de Hacienda, propiedad de la Junta de Andalucía, ubicado en la céntrica Plaza de la Constitución, cuya rehabilitación se paró en junio de 2019, un año después de iniciarse los trabajos, que fueron adjudicados el 13 de diciembre de 2017 por 4,2 millones de euros. El presupuesto base de licitación era de 5,6 millones de euros.

El grado de ejecución de la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda está en torno a un 12%. Se ha retirado la cubierta y demolido todo el interior del edificio dejando sólo la fachada, que está apuntalada. Así permanece desde hace un año y medio. El nuevo proyecto, que tiene en cuenta las actuaciones realizadas, está redactado y se está supervisando. Saldrá a licitación por un presupuesto de 6,6 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de veinte meses.

Otra reforma que ha quedado en compás de espera es la del edificio del antiguo Banco de España, también de la Junta de Andalucía. Las obras se paralizaron tras la aparición de unos restos arqueológicos, lo que ha obligado a realizar un nuevo proyecto para incorporarlos a lo que será el Museo Arqueológico de Huelva. Desde la Junta de Andalucía apuntan que se está redactando este proyecto con las nuevas condiciones de la actuación, de manera que cuando se finalice se volverán a sacar a licitación las obras de adaptación del edificio para su nuevo uso.

En el Pleno municipal de noviembre se aprobó de manera definitiva el nuevo estudio de detalle para convertir el antiguo edificio del Banco de España en Museo Arqueológico, una actuación promovida por la Consejería de Cultura y Patrimonio.

Éste se centra en la modificación de la volumetría con el objetivo de reubicar los espacios e instalaciones que siguen siendo necesarias pero que no pueden implantarse en el sótano del edificio por los hallazgos, resultado de la actividad arqueológica preventiva realizada en la parcela, al no ser compatible la ejecución del sótano planteado inicialmente con la conservación de los restos arqueológicos documentados. Se trata, por lo tanto, de un rediseño del proyecto con el fin de integrarlos en la edificación.

Por otra parte, Huelva sigue sin contar con el edificio del Archivo Histórico Provincial, cuya titularidad es estatal. Han pasado ya más de tres años desde que se paralizaron las obras de construcción del inmueble y aún no hay fecha para que se retome la actuación.

El retraso en la licitación de las obras se debe a la incorporación en el proyecto de una mejora en la eficiencia térmica de la edificación. El proyecto de terminación del Archivo Histórico Provincial, cuyas obras de construcción iniciadas en 2016 quedaron inconclusas un año después, fue entregado recientemente en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para su supervisión.

En cuanto a la antigua prisión. Catorce años después de la firma del convenio de permuta del edificio, firmado entre el Ayuntamiento de la capital onubense e Instituciones Penitenciarias, la construcción, diseñada en 1930 por el arquitecto Pérez Carasa, aún no es de titularidad municipal.

Según se recogía en el acuerdo, el Consistorio se haría con la propiedad de la vieja cárcel a cambio de 2,2 millones de euros y la cesión del suelo para la construcción del Centro de Inserción Social. La administración local cedió un solar, de 3.624 metros cuadrados, en Vista Alegre, donde se construyó el Centro de Inserción Social, pero no abonó en su día los 2,2 millones de euros recogidos en el acuerdo.

De hecho, el Ayuntamiento de Huelva fue condenado en diciembre de 2015 a pagar esa cuantía a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) por incumplir el convenio. La SIEP es propietaria del edificio desde 2009, una vez que se desafectó como centro penitenciario.

La administración local debía abonar a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios la cantidad de 2.233.150,31 euros más 660.000 euros de intereses y costas.

El pasado mes de octubre el Consistorio dio un paso adelante para que el edificio pase a ser municipal. En el Pleno se aprobó por unanimidad la partida necesaria para formalizar la titularidad de la antigua prisión provincial por un montante de 1,2 millones de euros. El Ayuntamiento ya abonó anteriormente casi 1,6 millones de euros.

Aparte, está tramitando la administración local con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la cesión de la antigua estación de tren. El inmueble lleva más de dos años cerrado. Dejó de funcionar como estación de ferrocarril el 25 de abril de 2018 tras la apertura de la nueva en la zona de Las Metas. Al igual que el edificio de la antigua cárcel, una vez que dejó de prestar su servicio y cerró sus puertas, ha sido objeto de actos vandálicos, saqueos y ocupaciones ilegales.

Tampoco es aún de patrimonio municipal Villa Rosa, una vivienda unifamiliar de dos plantas de principios del siglo XX, que está incluida en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés con grado de protección estructural.

En julio de 2012 se aprobó por unanimidad una moción, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en la que se pedía que el inmueble pasara a formar parte del patrimonio municipal, llegando para ello a un acuerdo con los propietarios a través de una compensación en base a la tasación de la vivienda.Además, proponían desde Izquierda Unida que este edificio, una vez restaurado, se convierta en un centro de interpretación arqueológica. Desde el Ayuntamiento se pretendía incluir la rehabilitación del inmueble en las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), con lo cual se ha perdido la oportunidad de hacerlo.

Una cesión que va camino de materializarse es la de la Casita Blanca, en este caso a un tercero, a Feafes-Huelva. El edificio, al que no se le da uso desde hace cinco años, fue cedido en 2002 por la Universidad de Huelva al Ayuntamiento durante un periodo de cuarenta años.

Con el objetivo de darle una nueva utilidad, en el Pleno municipal de febrero de 2019 se aprobó por unanimidad la incorporación de una adenda al convenio suscrito en 2002 entre el Ayuntamiento y la Universidad de Huelva con la finalidad de que la Casita Blanca se pudiera ceder a un tercero, al que se le delegará la conservación y mantenimiento del inmueble. La cesión a Feafes-Huelva pasó por el último Pleno.

En cuanto al edificio del antiguo cuartel del Paseo de Santa Fe, desde el Ayuntamiento de Huelva indicaron a principios de año que se estaba perfilando con el Ministerio de Fomento el proyecto de rehabilitación de la construcción.

El Ministerio de Fomento aprobó en abril de 2019 una subvención de 2.650.000 euros con cargo al 1,5% Cultural. La cuantía corresponde al 75% de los 3.500.000 euros necesarios para la ejecución del proyecto de consolidación y rehabilitación del edificio, catalogado como BIC.

Por su parte, la casa del obrero de vía de Cardeñas, que data de finales del siglo XIX, presenta un avanzado estado de deterioro, la reforma del inmueble, que formaba parte de las construcciones de la línea del ferrocarril Huelva-Zafra, no es una prioridad para el Ayuntamiento.

Otra de las construcciones emblemáticas de la capital onubense es el edificio de Correos, que lleva cerrado desde 2010. El Ministerio de Fomento no se pronuncia sobre el uso que se le va a dar a la construcción, incluida en el Catálogo de Protección del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico.