Los funcionarios de prisiones salieron ayer a las calles de Huelva para denunciar la gestión que se realiza de “nuestro conflictivo colectivo por el Ministerio del Interior” dirigido por Grande Marlaska, donde a juicio de los manifestantes se pretende “encerrar y clausurar cualquier solución” a los problemas.

Los sindicatos UGT, Acaip, CCOO y CSIF movilizaron alrededor de trescientas personas por el centro de la capital –hasta desembocar en la subdelegación del Gobierno– con pancartas, silbatos, bocinas y hasta una escenografía de rejas que simularon las celdas de la institución penitenciaria.

“Lo que pedimos es una mejora de la dignificación de nuestro trabajo y una mejora en la formación” y conseguir que se reduzcan las agresiones “que sufrimos a diario los funcionarios”, apuntó el delegado de Acaip en la provincia, José Juan Serrano. Los funcionarios denuncian que sufren alrededor de “una agresión diaria” en todos los centros penitenciarios.

El colectivo protesta a las puertas de la subdelegación.

Una de las principales peticiones del colectivo es resolver “la falta de personal en prisiones” que llega hasta un déficit de medio centenar en Huelva y que se elevan hasta 3.400 a nivel nacional. Los funcionarios no solo centran la atención de la ausencia de trabajadores desde el perfil de vigilantes sino también personal de tratamiento, trabajadores sociales, educadores, servicios médicos. Todos forman un engranje por el que el colectivo asegura que el único objetivo es que “la vida de las personas privadas de libertad sea digna y que vuelvan a la sociedad de la mejor manera posible”, explicó el responsable delegado de UGT Prisiones, Fernando Mohedano.

Los sindicatos denuncian que tanto el anterior Gobierno popular como el actual socialista siguen “con la misma política”. Tanto es así que “los anteriores no se sentaban en las mesas de negociaciones y los nuevos se sientan para decir que no hay nada. Nos están pisoteando la dignidad”.

Para hacer frente a las agresiones que sufren los funcionarios, el colectivo pide mecanismos eficaces y “reales” que prevengan esos sucesos. Otro de los objetivos de estas manifestaciones, que son de carácter nacional, es lograr mejoras retributivas “acordes” a las realizadas por este Gobierno a colectivo correspondientes al Ministerio del Interior.