Sólo cuatro meses después del expolio provocado en el yacimiento del Seminario, de donde se extrajo tierra de varias parcelas para llevarla posteriormente a las obras de la estación, se registra uno nuevo en el mismo sector, denominado Santa Marta-La Orden. Esta vez, en dos parcelas de titularidad pública, pertenecientes a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Huelva. En la primera, ha quedado afectada una superficie de alrededor de 8 metros de longitud y 2 de profundidad, mientras que en la segunda (que se encuentra justo enfrente) la parte damnificada se extiende a lo largo de unos 20 metros y hasta 4 de profundidad. En ninguna de ellas ha habido excavaciones previas.

Las parcelas dañadas se encuentran detrás del área que registró los movimientos de tierra en el mes de diciembre y aún carecen de vallado alguno que impida que se pueda acceder a ellas, a pesar de que en el pleno municipal del pasado 27 de enero hubo consenso para obligar a los propietarios de todas las parcelas susceptibles de contener restos arqueológicos a vallarlas y vigilarlas, para que no se produjeran nuevos daños. La Junta puntualizó entonces que el cercado corresponde al propietario, pero desde Ciudadanos, que fue quien impulsói la iniciativa, se advitió que buena parte de los terrenos del yacimiento son públicos y en ellos sí se podría actuar. Pero no se hizo.

El destrozo arqueológico se conoció ayer a media tarde (17:25), a través de un comunicado de la Junta de Andalucía que emitió la agencia Europa Press. El texto advertía de que la administración autonómica había denunciado ante los juzgados un nuevo expolio, tras la realización de movimientos de tierras, en dos parcelas de la zona arqueológica de Huelva.

Según esa comunicación, fue personal del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva el que alertó de estos movimientos de tierra a la Junta, motivo por el que un grupo de técnicos, dirigido por el jefe de servicio de Bienes Culturales, realizó una inspección en la zona.

No se detallaron tiempos, ni fechas concretas de los hechos; tampoco posibles autores o el modo en el que se había retirado la tierra. Sí se dijo que se comprobó que los movimientos provocaron "un rebaje del terreno cercano". Por ello, la Junta advertía que ante la posibilidad de que se haya cometido un delito contra el patrimonio, llevaba los hechos a los juzgados y remitía unos oficios a los propietarios de estas parcelas (la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Huelva) instando a la paralización de estos movimientos y a su vallado.

El texto concluyó con una declaración de Solana calificando los hechos de lamentables y con una lamentación: "Hay una parte de la población concienciada al respecto, pero otra no".

Los arqueólogos consultados por Huelva Información no conocían los hechos y tampoco recibieron notificación alguna. Ni siquiera el catedrático de Arqueología y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, Juan Campos, responsable del Proyecto General de Investigación para los yacimientos arqueológicos que ya está en manos de los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura, pendiente de su remisión a la Comisión Andaluza de Arqueología en los próximos días.

Para conocer la valoración del Ayuntamiento hubo que esperar al final de la tarde. También vía comunicado (emitido a las 20:38) se aportaron dos nuevos datos. El primero: los policías locales y técnicos de Urbanismo identificaron en la zona expoliada a un maquinista con una retroexcavadora realizando las actuaciones sin autorización alguna para ello. Y el segundo: el anuncio de comenzar hoy mismo las labores de vallado en la zona. Desde el Ayuntamiento se apuntó que la comunicación con la delegación territorial de la Junta existió "en todo momento" y que se inician los expedientes de protección de la legalidad urbanística, así como los sancionadores a los responsables del movimiento de tierra en las dos parcelas.