Desde 2019, la sección de Menores de la Fiscalía onubense asume la instrucción de las diligencias de investigación que se atribuye a los docentes por la comisión de delitos de acoso escolar, "principalmente el delito contra la integridad moral, mediante la modalidad de la comisión por omisión", como apunta el fiscal delegado Alberto Campomanes en su Memoria 2020. Además, se puede considerar al titular del centro educativo como "responsable civil en la condición de guardador de hecho".

En noviembre de 2019 se celebró una reunión en la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en la que el fiscal al frente de Menores expuso "los inconvenientes que presenta el protocolo contra el acoso escolar en los centros educativos desde el punto de vista de la investigación criminal". En este sentido, se precisa en el documento que la Junta puso en marcha un grupo de trabajo "con el propósito de formular propuestas para su mejora".

Campomanes también participa en la Comisión Provincial de Absentismo, con la que se pretende "dar una respuesta organizada a la situación que ocurre cuando se detecta una situación prolongada de absentismo escolar". Otro órgano es el equipo técnico, que ejecuta el plan de trabajo marcado por la Comisión.

En aquellos casos en el que la actuación de la administración, los servicios sociales y cuerpos policiales resulta insuficiente para la asistencia de los niños de manera regular a las aulas, es el fiscal delegado quien recomienda (o no) la presentación de diligencias en la Fiscalía de Menores "para depurar las responsabilidades" por un delito de incumplimiento de las obligaciones paternofiliales. Las sentencias condenatorias que se tramitan a iniciativa del Ministerio Público son predominantes.

Sala de vistas de la sede del Juzgado de Menores de Huelva.