La Fiscalía de Menores de Huelva incoó en 2019 un global de 670 expedientes de protección relativos a niños en situación de riesgo. Tal y como se especifica en la Memoria del Ministerio Público de 2020, "el contenido de las mismas es diverso, aunque versan en su totalidad sobre menores que puedan encontrarse en situación de riesgo o desprotección".

El origen de las diligencias también es múltiple: denuncias presentadas directamente en Fiscalía, menores encartados en los expedientes de reforma que necesitan alguna medida de protección, testimonios de los juzgados de Instrucción, informes elaborados por la Policía Autonómica, notificaciones desde los centros escolares o centros de protección.

Desde la sección que capitanea el fiscal Alberto Campomanes se destaca que "es práctica habitual que todas las fuerzas policiales envíen a la Fiscalía los atestados en que las víctimas son menores de edad, por lo que tenemos conocimiento de primera mano de las situaciones de riesgo que versen sobre dichos menores".

También se hace referencia a la escasa implicación de las administraciones competentes en el dictamen de resoluciones acordando la declaración de riesgo de estos pequeños desprotegidos, ninguna durante 2019, si bien se apunta a la constancia de la instrucción de dos procedimientos en el Ayuntamiento de Aljaraque.

No obstante, recalca la Fiscalía de Menores, "se mantiene la oposición generalizada por parte de la Diputación Provincial y los principales ayuntamientos a reconocerse competentes para dictar esa declaración", lo que obliga al Ministerio Público a mantenerse "a la espera de encontrar alguna resolución o silencio administrativo apto para ser impugnado ante la jurisdicción civil y, de esta manera, promover esta actividad protectora de la infancia tan necesaria".

Por otra parte, los expedientes de protección y tutela/guarda incoados en la sección de Menores tras dar cuenta a la pertinente entidad pública fueron 142 en el ejercicio analizado.

Campomanes destaca la escasa implicación de las administraciones en el dictamen de resoluciones acordando la declaración de riesgo

En cuanto a la actividad en sede judicial, detalla que no se informó sobre ninguna propuesta de acogimiento pero sí hubo otras ocho propuestas de adopción, al tiempo que se intervino en nueve procedimientos de impugnación de medidas acordadas por las administraciones.

Como colofón a este capítulo de la Memoria, Campomanes expresa que en junio detectaron que los informes de idoneidad que acompañan la propuesta de adopción que emite la entidad pública estaban siendo realizados por la empresa privada Eulen. "Ante el riesgo que supone que un trámite tan determinante en un expediente de adopción se realice por una entidad privada, en lugar de por la Administración, se solicitó la paralización de los expedientes conocidos con el propósito de conocer la incidencia de esos informes en la propuesta" del Servicio de Protección de Menores.

Al hilo de esto se indica que "en conversaciones con el responsable de dicha entidad, se manifiesta que se ha tratado de una medida coyuntural para paliar la falta de recursos del servicio". Al cierre de la Memoria "aún es pronto para poder afirmar si la práctica de externalizar la realización del informe de idoneidad se mantiene de manera exclusiva, complementaria a la del servicio público correspondiente o si se ha abandonado definitivamente".

La Fiscalía de Menores aperturó hace dos años 44 expedientes de determinación de la edad de Menores Extranjeros No Acompañados (Menas), "en el marco de los cuales fue necesaria la realización de prueba oseométrica en todos ellos". El centro destinado a estos chicos, de 95 plazas, "fue dividido en otros tres, reubicados en diferentes puntos de la provincia y renombrados" como Centros de Inserción Sociolaboral.

Por último, se informa de que a lo largo del año los fiscales realizaron 24 visitas de inspección a centros de protección y otras ocho a los centros de reforma.